Para el órgano antimonopolios, la legislación adolece de definiciones que generan incertidumbre sobre cómo deben regularse las remuneraciones de los servidores públicos de la Cofece, en su calidad de organismo autónomo con especialización técnica determinada en el artículo 28 constitucional.

Aclaró en un comunicado que respalda la voluntad del gobierno federal de aplicar una política de austeridad que haga mejor uso de los recursos al alcance de las instituciones.

La controversia constitucional no tiene la intención de ir en contra de las estrategias adoptadas para lograr un México más justo e incluyente, sino que busca que exista certidumbre respecto a la autonomía otorgada a la Cofece en el artículo 28 Constitucional para estar en condiciones de cumplir con su mandato de combatir la falta de competencia en los mercados, argumentó.

Así, precisó que la citada legislación genera incertidumbre en dos sentidos, primero porque al ser el salario del titular del Ejecutivo el límite referencial de la fijación de las remuneraciones “resulta fundamental tener certidumbre respecto a la información de los parámetros y partidas que deberán tomarse en cuenta para definir el nivel adecuado del ingreso presidencial, a fin de que no sea una decisión política o sujeta a la discrecionalidad”.

Indicó que esa condición le permitirá dar certeza a sus procesos de reclutamiento y permanencia de personal, que resulta trascendental, pues su autonomía técnica está sustentada en su capacidad de atraer, retener y especializar a su capital humano.

La Cofece expuso que el otro punto es porque el organismo tiene un régimen especial en la Constitución Mexicana al estar constituido como órgano autónomo de especialización técnica.

Por ello, señaló, la ley referida debe contar con los elementos que permitan regular de manera explícita los sueldos de una institución que cuenta con esta reconocida especialidad, en términos de lo señalado en el propio artículo 127 constitucional, que prevé que servidores públicos especializados puedan recibir un excedente salarial no mayor al 50 por ciento de la remuneración del presidente.

“Es importante tener claridad sobre esta porción del artículo 127 constitucional porque, en contraste con lo ahí señalado, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 se asienta que la remuneración de los servidores públicos de la Comisión en ningún caso podrá ser superior a la fijada para el cargo de presidente de la República en este mismo año”, señaló.

Al reconocer al Congreso por haber aprobado, en los términos propuestos, el techo presupuestal que ejercerá durante 2019, la Comisión señaló que en línea con la exigencia ciudadana se ha comprometido desde su fundación con un ejercicio de los recursos públicos apegada a los criterios de austeridad, transparencia, honestidad y eficiencia.

Refirió que con base en ello reportó un ahorro de 34 millones de pesos en comparación con el presupuesto del año anterior.

Para poner esta cifra en contexto, destacó, el gasto de la Cofece representó en 2017 apenas 0.012% del Presupuesto de Egresos de la Federación y el 0.5% de los recursos ejercidos por todos los organismos autónomos, lo que la ubica con el presupuesto más restringido entre ellos.

“Todos los servidores públicos dejarán de contar con seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizada y apoyo para mantenimiento de vehículo. Nunca han tenido bonos de seguridad ni gratificaciones especiales por separación de cargo, o algún monto mensual autorizado para gastos de representación”, argumentó la Cofece, entre otras cifras de ahorro en gastos.