El juez Eloy Velasco investiga el presunto pago de una comisión de 1.4 millones del grupo Villar Mir al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en 2007 a cambio de la adjudicación del tren de cercanías Móstoles-Navalcarnero.
El juez recoge también en su auto que “Ignacio González ha revelado en dos conversaciones que fueron grabadas que Javier López Madrid, consejero delegado del grupo Villar Mir, le habría dicho que tal comisión se habría pagado”; sin embargo, González insiste en que el dinero nunca habría llegado a sus cuentas.
En las conversaciones interceptadas, López Madrid, detenido la semana pasada por este pago de comisiones, da a entender a González que en OHL pensaban que la comisión la iba a cobrar directamente él, aunque luego descubrieron que no. López Madrid quedó en libertad bajo fianza de 100 mil euros.
“Javier López Madrid le habría dado a Ignacio unos detalles muy concretos sobre el pago de la comisión: se habría pagado desde México a una cuenta en Suiza relacionada con Adrián de la Joya”. Este último empresario ha reconocido de hecho en su declaración ante el juez que pensaba abonar esta comisión, pero que finalmente no lo hizo porque OHL le debía dinero. Según dijo, además, el receptor final no iba a ser González sino el exgerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, para quien el juez ha decretado prisión eludible bajo fianza de 100 mil euros.
En una posterior con Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo y exportavoz del Gobierno, y otras personas de su entorno, González insiste en haber sido el receptor del pago y opina que alguien debió pedir ese dinero en su nombre. “De acuerdo a su relato, Javier López Madrid le reconoció que pensaban -se entiende que en la presidencia de OHL- que la comisión iba dirigida a él”.
OHL RECLAMA 370 MILLONES
La Comunidad de Madrid adjudicó el tren de Navalcarnero a OHL en el año 2007, cuando González aún era vicepresidente del Ejecutivo autonómico. Precisamente, la pasada semana, los agentes de la Guardia Civil se personaron en la sede de OHL para requerir información de dicho contrato.
La adjudicación nunca salió adelante y la compañía presentó en 2015 un contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por el que le reclama a la Comunidad de Madrid 370 millones de euros por dicho contrato fallido.
