Por estar bajo un proceso penal ante un juzgado, el aspirante del PRI a la alcaldía de Coacalco, David Sánchez Isidoro, decidió “renunciar” a su postulación, pero dejó a uno de sus más cercanos incondicionales de su grupo político conocido como “Los Payos”.

El ex alcalde de Coacalco y ex diputado federal está vinculado a proceso por no haber pagado a un trabajador desde su administración del 2012, de acuerdo a una resolución de la SCJN.

Pero no solo él cayó bajo proceso, sino también su ayuntamiento y el actual a cargo de Edwin Castelán.

Sánchez Isidoro no quiere dejar de controlar el poder público en Coacalco y designó a Gabriel Vázquez Domínguez, como aspirante del PRI a la alcaldía, quien fuera subdirector de Servicios Públicos.
El pasado 7 de marzo un juez de Distrito con residencia en el municipio de Nezahualcóyotl determinó vincular a proceso a los ex alcaldes de Coacalco Erwin Castelán Enríquez y David Sánchez Isidoro, igual a sus tesoreros, síndicos y regidores de las administraciones 2013-2015 y 2016-2018, esto por el delito de omisión dolosa.

En la audiencia correspondiente, se determinó que los 32 funcionarios incurrieron en una omisión y por eso su vinculación a proceso.

Ante ello, los funcionarios solicitaron una medida preventiva económica, misma que fue fijada mediante una garantía económica de cinco mil pesos por cada uno. Los procesados tendrán que acudir a firmar para que puedan seguir su proceso en libertad.

La vinculación se realizó por el delito de omisión dolosa ya que el juicio de amparo que se les imputa data de 2013, lapso en el cual las dos administraciones solicitaron partidas presupuestales para cubrir diversos adeudos y gastos que tenia las administraciones y ninguno hizo el pago, que inicialmente era de dos millones de pesos y ascendió a más de cuatro millones.

En la audiencia se hizo ver que los requerimientos fueron constantes desde el 2013 hasta el 2017 y fueron exhortados por las autoridades para realizar el pago del extrabajador, pero ninguna cumplió, argumentando que no había partidas presupuestales para ello.

El juez fijo un término de seis meses para aportar pruebas, lapso en el que deberán firmar los 32 ex funcionarios.

A los ex alcaldes y ex funcionarios podrían fincárseles responsabilidad e inhabilitarlos, alcanzando una pena de cinco a diez años de prisión, multa de 100 a mil días y, en su caso, destitución o inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o actividad publica a la autoridad que dolosamente incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir.