Santa María Rosales y Guadalupe Pérez comparten una misma historia: son mujeres centroamericanas que huyeron de sus países de origen y buscaron en el sur de México una vida mejor que nunca llegó al ser injustamente encarceladas durante años, acusadas de trata de personas.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) ha documentado en un extenso informe seis casos de criminalización de mujeres migrantes en la frontera sur de México, que fueron acusadas de delitos que no cometieron y cuyos derechos procesales fueron vulnerados.

En la madrugada del 19 de junio de 2013, un grupo de policías irrumpió en el hogar de Santa, hondureña residente en un pueblo del suroriental estado mexicano de Chiapas, y se la llevaron por la fuerza y en ropa interior hasta la ciudad de Tapachula, fronteriza con Guatemala.

Allí supo que estaba acusada de trata de personas. Fue torturada hasta que firmó una hoja en blanco que luego sería usada como falsa confesión.

“Los policías me torturaron, me quemaron cigarros en la piel para que firmara papales en blanco, me pusieron una bolsa de plástico en la cabeza…”, cuenta Santa a Efe con el rostro desencajado.

Esa misma noche, Santa fue encerrada afrontando una pena de cinco años y no salió de prisión hasta dos años después, tras forzar la revisión de su caso mediante una huelga de hambre de dos semanas.

Santa relata que la acusación que sufrió era “una burla” por la que pasaron muchas otras migrantes: “en la cárcel, las mujeres acusadas eran puramente extranjeras; cuando entraba una mexicana salía a los tres días”.

“Cuando me detuvieron, escuché a un judicial decir que por cada cabeza extranjera que entregaba le daban 35.000 pesos (1.700 dólares)”, deplora.

Guadalupe Pérez, indígena guatemalteca de parla mam, no comprendió que estaba acusada de trata de personas y corrupción de menores hasta que una traductora viajó desde Guatemala hasta su prisión para contárselo.

A pesar de llevar 20 años buscándose la vida en Chiapas, Guadalupe no comprendía muy bien el español cuando fue detenida en el bar en el que trabajaba y ninguno de los policías trató de explicarle los motivos de su detención.

“Violaron mi derecho de ver a mis hijos de 11 y 14 años”, asegura a Efe Guadalupe, quien estuvo encerrada dos años y ocho meses, tiempo durante el que jamás conoció a su abogado de oficio.

Guadalupe cuenta que las condiciones en el penal eran paupérrimas, con escasez de comida y de atención sanitaria: “A una señora que le dolía mucho la cabeza le dijeron que se lavara la cabeza y murió poco después”, recuerda afligida.

Está convencida de que el hecho de ser mujer fue una de las principales condiciones por las que fue acusada de delitos que jamás cometió, dado que cuando los policías entraron en su bar, dejaron irse a todos los hombres presentes y retuvieron a las mujeres.

“Si uno no se defiende le agarran como a perritos; a perro bravo no lo agarran”, explica Guadalupe, consciente de que al ser migrante era un objetivo fácil para los acusadores.

Luis Tapia, abogado del Centro Prodh, explica a Efe la forma de operar de las autoridades en los casos de estas mujeres: “Las detienen, las acusan de este grave delito y un tiempo después las liberan y quedan bien con las cifras. Así pueden decir que han conseguido 60 condenas en un año”.

“El aumento de la criminalidad en México hace que las personas vulnerables, es decir mujeres y migrantes, caigan más dentro del sistema de justicia mexicano”, relata.

Tras la liberación, sus vidas no han mejorado. Ni Santa ni Guadalupe no han podido encontrar trabajo, dado que sus antecedentes penales están manchados por condenas de delitos que no cometieron.

Además, Santa debe hacerse cargo ahora de la vida de su nieta, que nació fruto de una violación que sufrió su hija de 13 años durante los dos años que vivió en la calle mientras Santa estaba en prisión.

“Mi hija me recrimina que si no hubiéramos venido a México, no habría sufrido lo que sufrió. Yo no tuve la culpa, nunca pensé que iba a pasar esto”, explica rota.

Uno de los hijos de Guadalupe, también adolescente, está ingresado en un centro de rehabilitación porque cayó en el alcoholismo.

“Los seres humanos tenemos todos la misma sangre. Dios no hizo barreras pero lo que hace el Gobierno es dividir a las personas si son guatemaltecas, hondureñas… Las personas salen a buscar el bien para sus familias, no salen a buscar robos”, reivindica Guadalupe.