La tragedia ocurrió en medio de una dura operación gubernamental contra el robo de petróleo de los ductos de Pemex
La tragedia en el pueblo de Tlahuelilpan, Hidalgo, con un saldo provisional a la hora de escribir esto de 71 muertos y 75 heridos, muchos de ellos en estado grave, arroja lecciones dolorosas, pero que deben aprenderse, para evitar sucesos parecidos al futuro.
Es pertinente recordar la explosión de la planta de almacenamiento y distribución de Petróleos Mexicanos, Pemex, en San Juan Ixhuatepec en 1984, una zona aledaña a la Ciudad de México, conocido popularmente como San Juanico, que estremeció al país y permanece en el imaginario popular hasta la fecha. Provocó la muerte entre 500 y 700 personas y aproximadamente 2 mil heridos, así como la evacuación de alrededor de 60 mil personas de la zona.
Según investigaciones posteriores de la fiscalía, las explosiones fueron responsabilidad de Pemex.
En 1992 varias explosiones de petróleo filtrado en el sistema del alcantarillado del barrio de Analco, en la ciudad de Guadalajara, destruyeron 15 kilómetros de calles. Como saldo, se calcula que murieron más de 700 personas y provocaron más de 800 heridos, muchos de gravedad, y dejaron a 15 mil personas sin hogar.
En indagatorias posteriores se estableció la responsabilidad de Pemex en las filtraciones subterráneas de petróleo que terminaron por ocasionar las explosiones en esa zona urbana altamente poblada.
En el caso de Tlahuelilpan, Hidalgo, la tragedia ocurrió en medio de una dura operación gubernamental contra el robo de petróleo de los ductos de Pemex, actividad conocida como huachicoleo. La estrategia gubernamental se basa en el cierre del flujo de petróleo por los ductos para impedir su robo, y la sustitución del mecanismo de distribución de gasolinas a toda la República por vía carretera en camiones remolcando pipas.
Este proceso, aún incompleto, ha generado, entre otras cosas, el desabasto de gasolinas en diversos estados del país y, por tanto, ha interrumpido procesos económicos sensibles a la entrega y producción de bienes y servicios.
Algunos bancos calcularon, en su última estimación, una afectación económica de entre 20 y 23 mil millones de pesos a la economía.
Los rumores sobre el fenómeno del desabasto han fomentado, en algunos sectores de la población, una suerte de psicosis social ante la posibilidad de la ausencia prolongada del producto.
De los 11 estados mayormente afectados por el desabasto, el gobierno federal se movilizó rápidamente para resolver el problema en la Ciudad de México, bastión del partido del Presidente y capital de la República.
Las encuestas arrojaban un apoyo mayoritario a las medidas que tomó el gobierno federal para enfrentar el reto del robo de gasolina de los ductos. Sin embargo, se ha señalado que el Ejército y la Marina, junto con la Policía Federal, no tienen suficientes elementos para resguardar los 9 mil kilómetros de ductos que opera Pemex en el país.
Incluso algunos señalan que el robo de ductos no es el mayor problema que tiene Pemex.
Un estudio del sitio Mexico Energy Intelligence, que dirige el experto George Baker, revela la distribución, por actividades, del robo de combustibles en Pemex.
Sólo 15% de lo robado proviene de lo que se conoce popularmente como “huachicoleo”; o sea, con chupones ilegales en los ductos.
Otro 15% proviene de líneas paralelas de ductos pirata. Otro 15% proviene del robo de pipas en las carreteras de México.
Un 20% es robado dentro de las propias refinerías de Pemex. 19% es tomado de centros de distribución del combustible. 1% proviene del transporte por ferrocarril.
5% de medidores alterados, como en las gasolineras al cobrar al público. 5% de barcos en el Pacífico y el último 5% en barcos en el Golfo de México.
El problema de la corrupción dentro de la empresa estatal Pemex es el mayor problema. Nada de esto quita, sin embargo, la tragedia de lo sucedido en Tlahuelilpan.
A simple vista se pueden hacer varias observaciones. Una es, como se ha comentado, el pánico causado por la paranoia del desabasto.
Provoca, sin duda, conductas aberrantes. Los pobladores tomaron la cascada de gasolina como un día de campo, ignorantes, o simplemente ignorando, los peligros que entrañaba la situación.
Reporteros informaron que la gente se mojaba con gasolina, se reían y lo tomaban casi como una piscina pública.
Por otro lado, el Ejército, presente todo el tiempo, no pudo o no quiso hacer nada para alejar a la gente de la zona.
De hecho, los efectivos del Ejército se retiraron a una posición de observación hasta que explotó el ducto ¿Cuál debiera haber sido su conducta? ¿Qué sentido tiene apostar al Ejército y la Marina en el resguardo de los ductos si, ante un caso como este, no entran en acción para impedir el robo de combustible, por un lado, y el peligro que corre la ciudadanía, por el otro.
Interrogantes que requieren respuestas operativas del gobierno.
POR RICARDO PASCOE Con información de heraldodemexico
