Las autoridades capitalinas dieron a conocer el nuevo Programa de Rescate de Unidades Habitacionales de Interés Social en la capital
Los recursos destinados a unidades habitacionales están siendo auditados por la Contraloría General de la Ciudad de México.
Entre los motivos están el presunto desvío de dinero con fines políticos, pago a personas sin trabajar y entrega de apoyos económicos a edificios construidos por particulares, explicó la Procuradora Social, Patricia Ruíz Anchondo.
Este domingo, las autoridades capitalinas dieron a conocer el nuevo Programa de Rescate de Unidades Habitacionales de Interés Social en la capital.
En total, la inversión será de 240 millones de pesos para atender 2 mil 208 conjuntos, donde hay 80 mil viviendas.
En promedio, se pretende dar 3 mil pesos por departamento para mantenimiento de áreas comunes, infraestructura hidráulica y sanitaria; instalación de sistemas de seguridad; colocación de impermeabilizante en azoteas; pintura; así como dar mantenimiento a los sistemas de energía y gas.
“Este programa se destinaban sus recursos con fines políticos y clientelares, por un partido que estuvo en el gobierno, anteriormente.
“… por desvíos de recursos, porque tenemos algunos casos. De hecho, vamos a mandar a auditar el programa, porque sí hay bastantes irregularidades”, acusó Ruiz Anchondo.
Refirió que había unidades habitacionales que no eran de interés social, pero en promedio recibían 900 pesos por vivienda, sin que se destinarán para las obras en las áreas comunes.
“Este tipo de irregularidades son las que se van a pedir a la Contraloría que lo revise el programa, los estados de cuenta. Es una cosa muy lamentable que el programa de 2017, los recursos los empezaron a aplicar en noviembre.
“Cuando nosotros llegamos tenían un universo planteado de más de 500 unidades habitacionales y únicamente le dieron el anticipo a 470, pero únicamente el anticipo, muchos ni siquiera tenían las cuentas aperturadas, en noviembre, expuso.
Se trata, dijo, se subejercicios tremendos, que no ocurrían en años anteriores.
Agregó que en el personal de honorarios había una plantilla muy alta, que llevo a cortar hasta 30 por ciento el presupuesto.
“Mucha gente que cobraba, pero no trabajaba. Se destinaron tal vez esos cargos, esos puestos, a personas que realizaban otras tareas, que no tenían que ver con la Procuraduría Social.
“Hicimos este diagnóstico y por eso pudimos hacer este ajuste en la estructura en acuerdo con la política de austeridad del Gobierno de la Ciudad.
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se dio vista a la Contraloría para investigar las irregularidades, que incluyen falta de entrega de recursos comprometidos con las unidades habitacionales.
“No solamente porque hay que hacerlas (las auditorias) sino porque muchos de estos casos, ya serían responsabilidad de los actuales funcionarios públicos”, dijo.
Uno de los requisitos para entrar al programa es que la Unidad Habitacional tenga más de 20 años y que haya sido construida por organismos de vivienda como FOVISSSTE, INFONAVIT, FONAPO, IMSS, FIVIDESU o INVI.
Lo anterior porque se detectó que había complejos habitacionales, construidos por particulares, que recibieron apoyos.
Con información de heraldodemexico
