Tres funcionarios de Pemex que firmaron seis convenios con universidades públicas del sureste del país, por 348 millones de pesos que terminaron en 17 empresas irregulares como parte de La Estafa Maestra, ocupan cargos directivos de Petróleos Mexicanos en la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se trata de Miguel Ángel Lozada Aguilar, quien fue nombrado director de Pemex Producción y Exploración (Pemex-PEP); Héctor Salvador Salgado Castro, actual subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex-PEP; y Luis Galván Arcos, gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística.
Pemex Producción y Exploración (Pemex-PEP) es una de las seis Empresas Productivas Subsidiarias (EPS), es decir, la parte medular de la empresa. Dicho nombramiento es propuesto por el director de Pemex, en este caso Octavio Romero Oropeza, quien ha sido un colaborador cercano al presidente López Obrador desde 2000 cuando fue Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal, y luego como candidato de Morena a la alcaldía de Centro, Tabasco en 2016. Al perder la elección, el Presidente le designó la dirección de Pemex.
Este lunes, la revista Proceso publicó que Miguel Ángel Lozada Aguilar se integró a la nueva estructura de Petróleos Mexicanos, para encargarse de la exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos en México y en el extranjero. Este es el puesto más alto que ha obtenido desde que comenzó a trabajar en Pemex en 2002 como ingeniero técnico especialista B, de acuerdo con su historial en Declaranet.
Sin embargo, en 2014 como administrador del Activo de Producción Cantarell, adscrito a la Subdirección de Producción Región Marina Noreste de Pemex-PEP, firmó un convenio por más de 82 millones de pesos que acabaron, prácticamente en su totalidad, en siete empresas fraudulentas.
Se trata del convenio 422082806, a partir del cual Pemex-PEP le entregó 82 millones 863 mil pesos a la Universidad Popular de la Chontalpa, para que ésta le diera servicios de asistencia técnica en materia de perforación y producción de pozos petrolíferos.
A través de una violación a la ley federal de adquisiciones, la universidad entregó más de 80 millones de pesos a siete empresas que tampoco cumplieron con los trabajos, y se quedó con una ‘comisión’ de un millón 982 mil pesos tan solo por hacer de ‘intermediaria’ en el fraude.
Con investigación de Proceso y animal politico
