Las Comisiones de Administración y Procuración de Justicia; Seguridad Ciudadana; Alcaldías y Límites Territoriales; y la Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México promoverán reformas legislativas para garantizar la seguridad de las ciudadanas.
La diputada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), María Guadalupe Chavira de la Rosa, expuso en entrevista que las cuatro Comisiones realizarán foros para debatir cómo fortalecer el derecho de las mujeres a acceder a la justicia penal y a la justicia cívica cuando son víctimas de violencia en la calle, el transporte o el hogar.
“No basta tener penas más duras, tener más cárceles, si no estamos revisando el origen. Me parece importante que el Congreso implemente leyes, sobre todo para la protección de la infancia. Así como se está estableciendo que se recupere la materia de educación cívica, se debe dar una materia que tenga que ver con temas de género”, dijo.
A decir de la presidenta de la Comisión de Administración Pública Local, la manifestación del pasado sábado 2 de febrero cuando mujeres de la Ciudad de México marcharon para demandar un alto a los casos de acoso y de intentos de privación de la libertad en el Metro, demostró la necesidad de generar una política pública integral para la seguridad de las mujeres.
El 13 de noviembre del año pasado la diputada Chavira de la Rosa presentó un punto de acuerdo en el Congreso para solicitar al todavía Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, pedir a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México que emitiera la Alerta por violencia contra las mujeres por la urgencia y gravedad en las alcaldías de Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc.
Cabe recordar que el 7 de septiembre de 2017 el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y Justicia Pro Persona, solicitaron la activación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para la Ciudad de México.
En 2018 la diputada expuso en su punto de acuerdo que con un diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, integrante de los grupos de trabajo que dan seguimiento a los procedimientos de AVG, en 2013 se registraron 31 casos de feminicidio, en 2014 fueron 45 y en 2015 fueron 52 casos, es decir, año con año se registra un incremento.
Además, de noviembre de 2016 a mayo de 2017, se registraron 101 asesinatos de mujeres; así como 600 desapariciones de mujeres en la Ciudad de México.
Desde noviembre que la legisladora hizo el llamado, asegura que no pasó nada porque el tema no se atendió pero además consideró que el mecanismo de Alerta no responde a las necesidades actuales de inseguridad para las mujeres. “Creemos que el asunto de la Alerta de Género ya de por si es insuficiente, necesita revisarse, replantearse”.
Como ejemplo, explicó, están los casos de intentos de desaparición de mujeres en el Metro y un caso de linchamiento de un hombre que presuntamente violentó a una menor de edad en Xochimilco el pasado 8 de febrero. Esta semana la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México informó que no había evidencia de que el sujeto hubiera cometido un ataque sexual.
“Obviamente la ciudad está viviendo una etapa más crítica. Creo que la Jefa de Gobierno está haciendo su trabajo, respondiendo como fue armar un plan de atención para las víctimas por el acoso en el Metro, en el transporte público”.
La legisladora se refiere al anuncio que hizo Claudia Sheinbaum el pasado 1 de febrero cuando informó que habilitarían módulos de atención con abogadas y Ministerios Públicos en cinco estaciones del Metro pero Chavira adelantó que no es una tarea solo de la Jefa de Gobierno y llamó a las Alcaldías a tener una política para prevenir la violencia contra las mujeres.
“Creo que se debe armar una política de mayor alcance, de más largo plazo para que no sea solo un tema de coyuntura. No ser reactivos sino más proactivos”.
La diputada Chavira de la Rosa afirmó que la violencia contra las mujeres es multidimensional, porque hoy se violenta a jóvenes, niñas y adultas mayores, por ello consideró que hay que ir a la parte social, por ejemplo rescatar el catálogo de derechos sociales que ya se había trabajado en administraciones anteriores