La Red Sobrevivientes de Abuso cometidos en entornos eclesiásticos de Chile solicitó este lunes a la Iglesia Católica entregar “nombres y antecedentes de los crímenes cometidos por religiosos en todo el mundo a la Justicia de cada país”.

En una declaración pública, la agrupación calificó la cumbre celebrada en los últimos días en el Vaticano por iniciativa del pontífice de “una tardía movida de marketing donde abundan las palabras altisonantes”.

“Faltan del todo medidas concretas que terminen con décadas de sistematizar el abuso y sus redes de protección al interior de dicha institución”, agrega el texto, que también descalifica las medidas propuestas por el papa Francisco en la reunión.

Los sobrevivientes chilenos se suman, además, a otras agrupaciones similares en un llamamiento a las Naciones Unidas y a sus países miembros a que reconozcan al Vaticano como un “estado genocida por la elaboración, aplicación y mantenimiento a través del tiempo de un sistema de protección y encubrimiento de sacerdotes abusadores”.

En la cumbre, criticada también por una revelación sobre la destrucción de archivos sobre los autores de abusos sexuales, el papa presentó 21 propuestas que, según el arzobispo de Malta Charles Scicluna, son “una hoja de ruta”.

Entre ellas, se incluyen la creación de un “vademécum práctico” que establezca los pasos que la Iglesia debe seguir tras una denuncia, crear estructuras de escucha y colaborar con los medios de comunicación, entre otras.

Tales propuestas, según las víctimas chilenas, “son medidas ya existentes, mecanismos obsoletos que sólo buscan blindar a la institución, a sacerdotes y monjas abusadores, atentando nuevamente contra de las víctimas, a las que se les niegan los más elementales derechos y garantías de un debido proceso”.

También en la declaración critican que el centro de la reunión haya sido “el dolor institucional y el daño a la imagen de la Iglesia Católica, relegando a los sobrevivientes y a sus organizaciones a una posición marginal”.

Sobre esa base exigen “a la institución comandada por el papa que entregue nombres y antecedentes de los crímenes cometidos por religiosos en todo el mundo a la Justicia de cada país”.

En Chile, actualmente, la Fiscalía investiga 148 casos de presuntos abusos sexuales cometidos por personas vinculadas a la Iglesia católica, mientras el número de víctimas asciende a 255, según los más recientes datos del Ministerio Público.

Entre los presuntos implicados figuran algunos obispos acusados de encubrimiento de los abusos, lo que ha desatado una crisis en la Iglesia chilena, al punto que siete prelados han debido dejar sus cargos por decisión del papa Francisco, que hasta ahora no ha llenado las vacantes.