Dulce María Sauri Riancho, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), manifestó una ley para modificar 8 artículos de la Constitución e incluir otro transitorio, para así mantener el equilibrio de los poderes y tener el privilegio de controlar los recursos federales que centraliza el poder político y presupuestal, señalando las funciones y responsabilidades de los delegados del Programa para el Desarrollo y Coordinación General, mejor conocidos como “superdelegados”.

De otra forma, la priista dijo que los delegados tienen a su cargo el privilegio de dominar los recursos de procedencia federal en los estados, sin un marco jurídico sólido, ni un mecanismo de coordinación entre estos y los poderes estatales.

“Esta disposición tiene el propósito de evitar conflictos de intereses, con el mismo espíritu que se pretende aplicar a los exfuncionarios de la Administración Pública Federal un tiempo mínimo de varios años antes de poder trabajar en empresas particulares”, apuntó la diputada.

Asimismo, Sauri Riancho afirmó que entre la Coordinación General y los “superdelegados”, existen delegados federales en todas las entidades federativas, de los cuales 16 son dirigentes estatales, 10 son legisladores locales, que solicitaron licencia para ausentarse del cargo y 10 son excandidatos, todos pertenecen al partido de Morena y cuatro de ellos a gobernador.

“Se debe establecer un control constitucional al poder político y la prohibición constitucional de que la persona titular de la Coordinación General y las y los delegados de Programas para el Desarrollo, participen como candidatos a la gubernatura del estado donde ejerzan su encomienda, a menos de que se separen tres años antes de la fecha de las elecciones de su encargo”, explicó Sauri Riancho en la propuesta.

Por último, la legisladora tricolor, propuso que los delegados que delimiten sus funciones y responsabilidades como servidores públicos, para mantener el equilibrio de poderes, ya que el privilegio de controlar los recursos federales, no solo pone en peligro la naturaleza del pacto federal, sino también la división de poderes, al centralizar la fuerza política y presupuestal en una sola persona.