Las estrategias de seguridad pública implementadas en algunos municipios del estado de México han mostrado fallas desde su origen que pueden explicar los límites de su efectividad y han dado por resultado el incremento de la violencia y la inseguridad. Las fallas se debe a que no construyeron estrategias bien cimentadas con las siguientes características: centrada en la guerra contra el narcotráfico y no en la construcción de un esquema integral de seguridad pública; con problemas graves de coordinación interinstitucional; centrada en la acción policial y no en un esquema en el que dialoguen las políticas sociales y las políticas de seguridad; construida de arriba hacia abajo, de lo federal a lo municipal, en la que las comunidades tuvieron escasa o nula participación.

En lugar de apuntar las formas para combatir la inseguridad hay que concentrarse en las condiciones para generar sistemas de seguridad. Para ello deben construirse variables que inciden en la propensión a la violencia y la inseguridad: pobreza y marginación; infraestructura física precaria; violencia intrafamiliar; presencia de pandillas juveniles; presencia de delincuencia organizada; presencia de armas, drogas y alcohol; presencia precaria de autoridad; ambiente de impunidad y procuración de justicia precaria; bajos niveles de organización comunitaria y de cohesión social; ausencia de cultura de la legalidad e, impactos transnacionales de la criminalidad.

De lo anterior se deriva algunas conclusiones importantes para la reformulación de la estrategia nacional de seguridad pública: a) la estrategia de seguridad pública debe incluir todas las variables que generan la violencia y la inseguridad; b) las condiciones de seguridad deben fortalecerse en estados y municipios y no solo en la federación; c) el combate a delitos federales debe estar a cargo de agencias especializadas, con esquemas de coordinación eficientes, entre dependencias y con el exterior; d) la participación de los militares en la seguridad pública debe acotarse a tareas específicas y en apoyo al fortalecimiento de la seguridad pública civil; e) el plan de construcción de condiciones de seguridad pública debe incluir acciones y programas de carácter social: atención a jóvenes con escasas oportunidades, violencia intrafamiliar, programas de adicciones, acercamiento entre policías y sus comunidades, construcción de espacios comunitarios, fomento de la cohesión comunitaria y acciones para fomentar la cultura de la legalidad; d) las acciones sociales en materia de seguridad deben contar con atención y presupuestos similares a las acciones policiales y de combate al crimen organizado; f) la construcción de un esquema de seguridad pública lleva aparejado el ajuste estructural del sistema de procuración de justicia; g) sólo con un esquema que no disocie las políticas sociales de las políticas de seguridad, será posible construir esquemas democráticos de seguridad acordes con las condiciones y las necesidades socio-económicas del país. En los 125 municipios se observó en este período un incremento en por lo menos uno de los cinco delitos violentos: en algunas localidades aumentó el promedio mensual de homicidios; en otros aumentó el promedio mensual de víctimas de secuestro; el aumentó en el número de víctimas de extorsión y aumentó el número de delitos de robo con violencia.

En la mayor parte las autoridades destinan poco recurso en la seguridad y en terminar con la pobreza, los gobiernos prefieren invertir en la política social que es donde la gente recibe toda clase de ayuda económica o en otros enseres. Al invertir en la política social las autoridades lo que buscan es poder manipular de alguna forma a los ciudadanos, la pobreza extrema está pasando a segundo término cuando las familias mejor prefieren recibir dinero e invertirlo en comida que en mejorar las condiciones de vida de los integrantes del hogar.

Los ayuntamientos buscan la forma de poder llegar a los hogares donde ni siquiera los conocen, incluso no saben ni como se llama su presidente municipal; las estrategias del gobierno federal en meter a las calles a la policía federal y al ejército sólo vendrá a que las policías estatal y municipal se dediquen a otra actividad y no a la de cuidar a los habitantes, debido a que les quitaran fuerza y poder sobre los ciudadanos.