Un máximo de 20 años de prisión y 3 mil días de multa se impondrá a taladores, a personas que inciten a menores a que talen de manera ilegal áreas naturales protegidas en el Estado de México, y a servidores públicos que autoricen cambios de uso de suelo en estas zonas sin causa justificada, luego de modificaciones a los artículos 9 y 229 del Código Penal de la entidad.

La minuta fue aprobada ayer por las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Procuración y Administración de Justicia, a propuesta del diputado Margarito González Morales y enriquecida con las aportaciones de los legisladores dictaminadores.

La ley será especialmente punitiva con aquellos servidores públicos que estando en funciones autoricen modificaciones sin razón justificada a los usos de suelos en áreas forestales para beneficiar la tala o usar el suelo para fines ajenos a la conservación. Los empleados que incurran en el delito se les pondrá la pena señalada y serán inhabilitados del servicio por un plazo igual al de la pena impuesta.

Los diputados argumentaron a favor de la nueva ley que la tala ilegal se realiza en el 8 por ciento del territorio nacional y que hay cinco zonas críticas en la entidad, ahí en donde se encuentran precisamente los últimos recodos de bosques: la zona del Xinantécatl (Zinacantepec, Coatepec-Harinas, Almoloya de Alquisiras y Sultepec), la Ixta-Popo (Amecameca, Ozumba y Ecatzingo), la Cobio-Cruces (Ocuilan, Xalatlaco, Santiago Tianguistenco, Xonacatlán y Otzolotepec), la subcuenca de Valle de Bravo (Valle de Bravo y Temascaltepec) y la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, en la zona colindante con Michoacán.

Margarito González refirió que de acuerdo con datos de la PROFEPA y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) cada semana se explotan en la entidad 25 metros cúbicos de madera de bosque para autoconsumo, por lo que la Legislatura quiere fortalecer los proyectos productivos que limiten la tala a pequeña escala.

En este tenor, alumnos de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la UAEMéx presentaron a las autoridades municipales de Santiago Tianguistenco un estudio sobre la explotación de la microcuenca de Tlajipehualapa, de ese municipio, para que la administración local reubique las actividades industriales y de servicios de esa zona, no compatibles con la vocación del suelo forestal, como medida para mitigar los efectos del cambio climático.

Abundaron los estudiantes en la elaboración de reglamentos para la regulación de las actividades económicas en la microcuenca, así como programas de prevención de incendios forestales, de fomento de la educación ambiental, de reforestación de zonas boscosas y otras actividades que permitan la coordinación del trabajo con otros municipios aledaños.