La iniciativa de reforma al Poder Judicial, presentada el 12 de febrero por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, propone facilitar los procesos de denuncia y de sanciones administrativas a los funcionarios que acosen sexualmente a sus compañeras.

El documento presentado al Senado y a la Cámara de Diputados plantea que, en casos de acoso sexual, bastará con que una persona cometa una conducta no deseada de naturaleza sexual en el entorno laboral, para que reciba una sanción administrativa, sin que sea necesario que la víctima acredite que se “atentó contra su dignidad”.

La propuesta, explica el documento, también es expresar textualmente los conceptos de acoso y hostigamiento sexual dentro de la descripción de la conducta a castigar para no dejar dudas sobre cuándo resulta sancionable.

Por otra parte, las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se harán en concordancia con los procedimientos y sanciones aplicables en la Ley General de Responsabilidades.

También se implementaría un Registro de Servidores Públicos y de Particulares Sancionados; además, las Contralorías del Poder Judicial de la Federación tendrían la obligación de implementar mecanismos de prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción.

De acuerdo con la propuesta, los jueces federales no siempre se conducen con la ética, profesionalismo, independencia e imparcialidad que deberían observar en sus funciones, por ello se proponen reformas al Poder Judicial de la Federación para garantizar la investigación y sanción para servidores públicos que cometan actos de corrupción y nepotismo.

Por ejemplo, se buscará la creación de la Escuela de Formación Judicial encargada de preparar impartidores de justicia y defensores de oficio de la más alta calidad; y, de llevarán a cabo concursos de oposición para todos los cargos de la carrera judicial y de la defensoría pública.

Asimismo, se buscará incluir la paridad de género como eje de la carrera judicial para tener más mujeres y en mejores niveles, en seguimiento a la reforma constitucional que en 2019 estableció la obligatoriedad de paridad de género en el poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los organismos autónomos.

Por otra parte, el 26 de febrero, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprobó la creación de la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual, con el objetivo de prevenir casos de acoso y violencia de género y emitir protocolos de actuación para identificarlos y prevenirlos.

Asimismo, esta unidad que entró en vigor el 1 de marzo deberá generar acciones con perspectiva de género que garanticen al personal una vida libre de violencia y elaborar un programas de difusión para incentivar y respaldar la denuncia al acoso sexual y la violencia de género.