• Los sentenciados se ostentaban como Policías, sin serlo, y el 9 de diciembre de 2014 secuestraron, en dos eventos distintos, a cuatro personas, en el municipio de Ecatepec.

Heliodoro Rojas González y Luis Armando Montiel Urbina, fueron condenados a 112 años de prisión, luego de que el Representante Social de la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó su participación en el delito de secuestro exprés con la agravante de que ambos se ostentaban como integrantes de una corporación policiaca, sin serlo.

​En el mes de diciembre del año 2014, estos individuos, y dos sujetos más, privaron de la libertad a cuatro personas, en la colonia Valle de Aragón, en el municipio de Ecatepec, y solicitaron a los familiares de éstas un pago a cambio de liberarlas.

​En un primer momento, dos víctimas viajaban a bordo de un vehículo marca Hyundai, tipo Atos, y fueron interceptados por los ahora sentenciados y sus cómplices, mismos que tripulaban un automóvil marca Ford, tipo Focus, y se ostentaron como Policías.

​Estos individuos sometieron a las víctimas y las privaron de la libertad, en tanto que exigieron un pago a cambio de liberarlas.
​Horas más tarde, de igual manera habrían secuestrado a otros dos individuos, por quienes de igual manera solicitaron un pago a cambio de dejarlos en libertad; estas personas conducían una unidad automotora marca Chevrolet, tipo Aveo.

Cabe mencionar que al momento en que tenían privadas de la libertad a estas dos víctimas, fueron detenidos por elementos policíacos, quienes los presentaron ante el Agente del Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación respectiva por el delito de secuestro exprés.

Posteriormente estos individuos fueron remitidos ante un Juez en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, para que un Juez determinara su situación legal.

Luego de revisar los elementos de prueba en su contra y previo proceso legal, un Juez les dictó esta condena y les fijó multas de 1 millón 211 mil 220 pesos, aunado a que sus derechos civiles y políticos fueron suspendidos.