El Representante Social de la Fiscalía Especializada de Secuestro del Valle de Toluca de esta Fiscalía General de Justicia Estatal (FGJEM) acreditó la participación de 10 personas en el secuestro de un joven en este municipio, delito por el cual fueron condenados a 30 años de prisión.
Se trata de Rosa Sámano Bobadilla, Claudia Beatriz Flores Castillo, Olga Yazareth Motero López, Mayeli Tadeo Loaeza, Ángel Noé Farías Salinas, Julio César Cortes Alemán, José Luis Reyes Díaz, Jesús Estanislao Reyes Santos, Alberto Victoria Martínez y Jaime Ventura Dimas, quienes además deberán pagar una multa de 159 mil 425 pesos.
Los hechos por los cuales fueron condenados ocurrieron el día 3 de enero del año 2014, cuando la víctima salió de su domicilio y se dirigió a la base de taxis de Tlazala, en el municipio de Capulhuac, donde se encontró con una adolescente y juntos se trasladaron a varios bares del municipio de Santiago Tianguistenco. Luego la víctima y su acompañante de nueva cuenta arribaron a la comunidad de Tlazala y a ese sitio arribaron las cuatro sentenciadas, conocidas de la adolescente, quienes sometieron al joven y lo subieron por la fuerza a un vehículo, en el cual se encontraban otros de los involucrados.
El joven secuestrado posteriormente fue trasladado a un inmueble de la colonia Lomas de San Lorenzo, en la Delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México, donde lo mantuvieron cautivo, en tanto que los probables partícipes se comunicaron con los familiares de la víctima, a quienes le hicieron saber que lo tenían secuestrado y les solicitaron una fuerte suma económica a cambio de liberarlo.
La familia denunció los hechos ante esta Institución por lo que fue integrada la carpeta de investigación respectiva y días después en coordinación con la entonces Policía Ministerial Federal, elementos de la Fiscalía de Secuestro del Valle de Toluca, llevaron a cabo un operativo que permitió la liberación de la víctima y la captura de los secuestradores.
Estas personas fueron presentadas ante el Ministerio Público y luego remitidas ante un Juez en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, autoridad que previo proceso legal, les dictó esta condena, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.
