El empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, la presentadora de TV Inés Gómez-Mont, quienes son perseguidos por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de peculado, lavado de dinero y evasión fiscal, adquirieron la mansión en Miami Beach que perteneció a la cantante y actriz estadounidense Cher.
La mansión está ubicada en el número 64 de La Gorce Circle, en la exclusiva comunidad de La Gorce Island, en Miami Beach, Florida.
Los documentos en registros públicos del estado de Florida que confirman que Álvarez Puga y Gómez-Mont adquirieron esa casa de 11 mil 460 pies cuadrados (equivalentes a 1 mil 064 metros cuadrados) a través de prestanombres, y fueron sus propietarios, cuando menos, entre diciembre de 2017 y diciembre de 2020.
El matrimonio compró la mansión a 15.5 millones de dólares y la revendió a 17 millones de dólares, un precio equivalente a unos 340 millones de pesos.
Ayer, el programa estadounidense de espectáculos por internet Chisme No Like analizó fotografías de la cuenta de Instagram de Gómez-Mont y halló coincidencias con imágenes de la que fuera la mansión de Cher. Este medio pudo establecer que se trata de la misma propiedad.
Cher, ganadora de numerosos premios de cine y música, incluido un Oscar a mejor actriz, fue dueña de la mansión de Miami Beach entre 1993 y 1996, año en que la vendió a 4.3 millones de dólares, según los registros de la propiedad de Miami.
La casa fue adquirida en diciembre de 2017 por la razón social LaGorce 64 LLC a un precio de 15.5 millones de dólares. Al tipo de cambio de la época, la propiedad costó alrededor de 294.5 millones de pesos.
Tres años después, en diciembre de 2020, dicha empresa revendió el inmueble a un precio 1.5 millones de dólares más caro: 17 millones de dólares, equivalentes a 340 millones de pesos al tipo de cambio de la época.
LaGorce 64 LLC –la compañía que fue propietaria de la mansión durante al menos tres años— tiene como administrador a Jonathan Choghi, quien, a su vez, administra la razón social VAP Jade Corp., que fue fundada por Álvarez Puga, y de la que éste fue presidente hasta 2019, de acuerdo con los registros corporativos del estado de Florida. De hecho, el nombre de VAP Corp. coincide con las siglas de “Víctor Álvarez Puga”.
Tanto LaGorce 64 LLC como VAP Jade Corp. fueron disuelta este año y ya no tienen actividades mercantiles.
La mansión que perteneció a Cher, y posteriormente al matrimonio Álvarez Puga-Gómez-Mont, es de tres pisos y tiene seis habitaciones, ocho baños, una casa para invitados, gimnasio, bar, oficina, piscina, jardines, patios, estacionamiento y fuentes. La propiedad se construyó en 1953 y ha sido objeto de varias ampliaciones.
En diciembre de 2020, medios estadounidenses, entre ellos Los Angeles Times, dieron a conocer que la propiedad que alguna vez perteneció a Cher había sido vendida ese mes a un precio de 17 millones de dólares, pero no establecieron el vínculo con Álvarez Puga y Gómez-Mont.
El medio The Real Deal, especializado en bienes raíces, incluso habló de quién es el actual propietario de la mansión –un magnate hotelero–, pero no de sus anteriores inquilinos.
Riqueza patrimonial en Estados Unidos
La casa en Miami se suma a cuando menos otra propiedad de Álvarez Puga y Gómez-Mont en el país norteamericano.
De acuerdo con registros inmobiliarios de la ciudad de Nueva York, el abogado y empresario es propietario de un condominio en Manhattan ubicado en el 40 West de la calle 55th. Su inmueble –el 7C— presenta un adeudo de 15 mil 565 dólares en impuestos, según confirmó este medio.
La existencia de esta propiedad de Álvarez Puga ya había sido revelada por The New York Times en febrero de 2015, en un reportaje en el que se estableció que otros mexicanos habían comprado lujosos condominios en el mismo edificio, entre ellos los exgobernadores priistas José Murat y Fidel Herrera a través de sus familiares.
El pasado viernes, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de
aprehensión contra Álvarez Puga y Gómez-Mont por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.
La investigación está relacionada con la adjudicación fraudulenta de dos contratos en 2016
por parte del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social
(OADPRS) –que dependía de la Secretaría de Gobernación– a la empresa Seguridad Privada Inteligencia Cibernética S.A. de C.V. para la supuesta adquisición de sistemas de inteligencia.
El órgano que administra las prisiones federales pagó 2 mil 950 millones de pesos al proveedor, el cual, con la ayuda de otras siete empresas fachada, dispersó los recursos mediante cientos de operaciones de lavado y los envió a las cuentas de Álvarez Puga y Gómez-Mont, de acuerdo con la indagatoria federal a la que Animal Político tuvo acceso.
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