Los señalamientos contra la administración de la alcaldesa de Tultitlán, Ana María Castro Fernández, por presuntos actos de corrupción, desvío de recursos públicos y una presunta red de extorsión que opera desde el Ayuntamiento, van en aumento.
Aunque la entidad fue escenario de la “Operación Liberación”, el mayor despliegue federal contra la extorsión, ejecutado en julio de 2023 en 14 municipios mexiquenses, Tultitlán quedó fuera de las acciones de seguridad.
Lo anterior pese a que Tultitlán forma parte de la Alerta de Violencia de Género desde 2015 y está considerado como uno de los 50 municipios prioritarios en materia de seguridad por el gobierno estatal.
Empresarios locales han denunciado que operan bajo constante presión de las autoridades municipales, quienes supuestamente utilizan inspecciones administrativas como herramienta de extorsión.
Testimonios advierten que el modus operandi consiste en suspender negocios por supuestas anomalías y ofrecer reuniones “fuera de oficina” con funcionarios como Erick Isachar Vega Chavarría, coordinador general de la Oficina de Presidencia, quien plantearía acuerdos económicos irregulares para permitir su reapertura. Estos actos, según las denuncias, se realizan con el consentimiento de la alcaldesa.
Además, excolaboradores del Ayuntamiento han señalado una estructura de poder marcada por vínculos familiares. Ana María Castro sería cuñada de la expresidenta municipal Elena García Martínez, y el actual secretario del Ayuntamiento, José Alfredo Contreras Suárez, es su esposo, lo que refuerza la percepción de un círculo cerrado en la toma de decisiones.
La situación ha escalado al punto en que ya existen investigaciones formales. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México confirmó que indaga a Ana María Castro y a García Martínez por el presunto desvío de recursos, además de posibles anomalías en la ejecución de obra pública y contrataciones durante sus gestiones. También se indaga la presunta creación de empresas fachada y el uso indebido de programas sociales.
Aunque hasta el momento no se ha anunciado una intervención oficial en el municipio, fuentes cercanas a los gabinetes de seguridad federal y estatal confirmaron que la situación en Tultitlán es observada con atención, en medio de una creciente presión ciudadana por frenar los abusos de poder y restaurar el estado de derecho en la zona.
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