La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México inició una carpeta de investigación que abarca dos administraciones municipales consecutivas en Tultitlán, tras denuncias por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos, adjudicaciones directas y la compra de terrenos ejidales sin respaldo legal.
En el expediente TOL/CCF/SPO/107/033891/25/02 figuran los nombres de la actual alcaldesa, Ana María Castro Fernández, y de Elena García Martínez, diputada local y exalcaldesa del municipio, quienes además mantienen un vínculo familiar como cuñadas.
¿Qué señalamientos enfrenta Ana María Castro?
La indagatoria surgió a partir de quejas de vecinos de las colonias Fimesa 1, 2 y 3, quienes acusan el desvío de 38.5 millones de pesos a través de una asociación civil para adquirir 27 hectáreas de terreno en San Francisco Chilpan, sin escrituras públicas ni validación jurídica. A esta operación se sumaría un pago adicional por 5 millones de pesos al Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonapho), que tampoco habría derivado en la regularización de los predios.
Las denuncias fueron turnadas al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y a la Contraloría estatal en Naucalpan. Los colonos señalaron además intentos por cambiar el nombre de su asentamiento a “Cuarta Transformación”, lo cual interpretan como una estrategia para alterar su estatus legal.
Desde que Ana María Castro asumió el cargo en enero de 2025, su gestión ha sido señalada por presuntas prácticas de adjudicación opaca. De acuerdo con reportes periodísticos, su administración ha entregado contratos por más de 72.7 millones de pesos, ya sea por asignaciones directas o mediante licitaciones con un solo oferente.
¿Cuál es el vínculo entre la alcaldesa de Tultitlán y la diputada local?
El parentesco entre Castro Fernández y García Martínez ha generado críticas, ya que esta última habría impulsado la candidatura de su cuñada. Al menos tres familiares directos de la actual alcaldesa laboran actualmente en el gobierno municipal.
A la presión social se suman las voces del sector privado. Empresarios locales aseguran que la falta de transparencia y la excesiva tramitología han generado un entorno poco propicio para las inversiones, lo cual impacta en un municipio donde el 42 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza.
Tultitlán también enfrenta un contexto complicado en materia de seguridad. Según datos del INEGI, el 87.3 por ciento de los habitantes del Estado de México considera insegura su entidad, y el municipio figura entre los más afectados por esta percepción.
La Fiscalía ha solicitado auditorías financieras y peritajes contables para rastrear el destino de los recursos municipales durante los ejercicios fiscales de 2023 a 2025. El proceso judicial sigue en curso, sin que hasta ahora se haya informado sobre responsabilidades determinadas.
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