Mark T. Esper, exsecretario de Defensa de Estados Unidos, expuso que la política mexicana que prohíbe los vapeadores impacta en la dinámica criminal transfronteriza. En un análisis publicado en USA Today, indicó que restricciones absolutas generan espacios que pueden ser aprovechados por grupos dedicados al contrabando.
“La prohibición entregó a los cárteles una lucrativa oportunidad de contrabando”, señaló al referirse al desplazamiento de ese mercado hacia canales informales.
El exfuncionario situó este caso dentro de lo que describió como factores que influyen en la seguridad regional. Planteó que la capacidad operativa de organizaciones delictivas depende de marcos regulatorios que dificulten sus fuentes de ingresos. “La mayor amenaza reside en las leyes y políticas inconsistentes”, afirmó, y mencionó que estos vacíos normativos permiten actividades ilícitas que cruzan fronteras.
Esper destacó que la estrategia estadounidense busca limitar la expansión de grupos delictivos con presencia en ambos países y aseguró que este objetivo requiere coordinación. “La seguridad regional exige acción y responsabilidad compartidas por nuestros socios”, dijo al señalar la importancia de una agenda conjunta en materia de seguridad.
El exsecretario mencionó que la administración de Claudia Sheinbaum participa en distintos mecanismos de cooperación, incluida la extradición de personas buscadas por autoridades estadounidenses y la coordinación operativa con agencias de seguridad. Describió estos elementos como avances dentro de la relación bilateral.
En su texto, sostuvo que algunos acuerdos aplicados en otras regiones podrían servir como referencia para América del Norte, siempre que se adapten a las condiciones locales. También afirmó que las medidas económicas y normativas forman parte de la estrategia para reducir la capacidad financiera de grupos criminales.
Esper concluyó que “la cooperación no puede detenerse en el intercambio de inteligencia” y señaló que un progreso sostenido depende de definiciones internas en México sobre el alcance de operación de organizaciones delictivas, mientras Estados Unidos mantiene apoyo en materia de seguridad.






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