Los diputados Juan Rubio Gualito y Alejandro Carbajal González plantearon que el Congreso de la Ciudad de México incorpore una partida especial en el Presupuesto de Egresos 2026 para la compra de nuevas unidades recolectoras de residuos sólidos, por un monto mínimo de 150 millones de pesos.
El planteamiento quedó dirigido a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda del Congreso capitalino, con el fin de que la propuesta forme parte del dictamen que definirá el gasto público del próximo año. Según el punto de acuerdo presentado, la asignación estaría destinada exclusivamente al fortalecimiento del servicio público de limpia.
Los legisladores de Morena señalaron que la recolección de residuos constituye un elemento central para la salud pública, la protección ambiental y la calidad de vida en la capital. Indicaron que el crecimiento de la población genera una mayor cantidad de desechos, mientras que el uso constante de los vehículos provoca desgaste en el parque vehicular.
Rubio Gualito y Carbajal González destacaron que el gobierno de la ciudad ha impulsado políticas dirigidas a mejorar la gestión de residuos, aunque consideraron necesario prever recursos adicionales para asegurar la continuidad del servicio en zonas con alta densidad de habitantes y mayor complejidad operativa.
En el documento entregado al Congreso, expusieron que la Constitución Política de la Ciudad de México establece la obligación de garantizar servicios públicos eficientes y vinculados al manejo de residuos en todas sus etapas. Por ello, la renovación de unidades permitiría mantener la cobertura y cumplir las disposiciones legales vigentes.
Los diputados afirmaron que una asignación específica facilitaría la operación del sistema de limpia y permitiría responder a los retos urbanos derivados del aumento en la generación de desechos. Subrayaron que la adquisición de nuevas unidades forma parte de las acciones necesarias para fortalecer la capacidad operativa del gobierno capitalino.
El punto de acuerdo también señala que la inversión planteada busca asegurar que el servicio de recolección se preste de manera eficiente, equitativa y bajo gestión pública directa, en beneficio de las personas que habitan en la Ciudad de México.
