Tras reportes sobre la cancelación de visas estadounidenses a funcionarios y políticos mexicanos, incluyendo a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Olmeda, la Embajada de Estados Unidos en México sugirió que el retiro de estos documentos podría estar vinculado a la participación en actividades ilícitas.
David Arizmendi, vocero de la representación diplomática, difundió un video en redes sociales en el que explicó que el Departamento de Estado de Estados Unidos tiene la facultad discrecional de anular una visa cuando “existen señales de que su titular ya no cumple con los requisitos para mantenerla”.
Arizmendi detalló el abanico de circunstancias que pueden motivar estas decisiones:
“Esto puede incluir situaciones como quedarse más tiempo de lo permitido en el país, participar en actividades delictivas, representar un riesgo para la seguridad pública, involucrarse en actividades relacionadas con el terrorismo o apoyar a grupos terroristas”.
Considerando la alta improbabilidad de que los funcionarios mexicanos hubieran excedido los límites de tiempo de estancia, el mensaje del vocero sugiere que las revocaciones se basaron en factores como la participación en actividades ilícitas, posiblemente ligadas a alguno de los seis cárteles mexicanos designados como organizaciones terroristas por la administración de Donald Trump.
El funcionario estadounidense enfatizó que la cancelación de la visa no requiere de una condena previa:
“No es necesario que exista una condena penal, basta con que haya información suficiente para considerar que mantener la visa no conviene a los intereses de Estados Unidos”.
Arizmendi recalcó que la administración de Donald Trump “cancelará cualquier visa cuando haya razones para hacerlo, sin importar quien sea el titular, donde viva o cuales sean sus opiniones políticas”. Insistió en que el retiro de la visa puede efectuarse “a discreción del gobierno estadunidense” en cualquier momento, y que “este principio se aplica por igual a todos los ciudadanos extranjeros, sin importar si son particulares o funcionarios públicos”.
Respecto a la identidad y el número de políticos afectados –la agencia Reuters ha señalado que la lista podría incluir a unos 50 actores políticos de México, en su mayoría del partido Morena–, el vocero mantuvo la reserva. Arizmendi aseveró que “por cuestiones de privacidad, estas decisiones no se hacen públicas, se informan directamente a las personas afectadas”.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró el pasado 15 de octubre que su gobierno no contaba con información oficial sobre la cancelación de las visas, indicando que el gobierno estadounidense usualmente no notifica a su contraparte mexicana cuando implementa medidas unilaterales.
