El arquitecto Saúl Camacho Quezada, lleva un año en prisión y 8 años de juicio.
El arquitecto Saúl Camacho Quezada, víctima del abuso y poder de Adalid Ambriz Landa, Magistrado Federal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México quien lo mantiene en prisión desde hace un año, deberá de esperar una resolución que pudiera estar “amañada”, para determinar su permanencia en la prisión por el supuesto delito de fraude.
Familiares y amigos de la víctima denunciaron a Letra Roja a Adalid Ambriz Landa como el magistrado federal que ha hecho de su profesión una “arca de dinero”, con acciones de corrupción y culpar a inocentes a cambio de fuertes sumas de dinero.
Letra Roja sigue este caso de Camacho Quezada, a quien le fue encomendado por el magistrado federal le ampliara una residencia en el fraccionamiento Rancho San Diego entre los municipios de Ixtapan de la Sal y Tonatico en el Estado de México.
Una casa valuada en varios millones de pesos en el que -según denunciaron- empleados que han colaborado con el magistrado es “producto de la corrupción” de sus actividades en los Tribunales y de cómo negociar una justicia truncada.
Aunque los denunciantes señalan al magistrado Adalid Ambriz Quezada, como el controlador a modo de jueces en el Estado de México.
El arquitecto Saúl Camacho Quezada, lleva un año en prisión y 8 años de juicio y mientras permanece en el penal de Santiaguito en el municipio de Almoloya de Juárez, a la espera de que algún otro juez analice el caso y resuelva simplemente a favor de la verdad.
La historia
El magistrado, Adalid Ambriz Landa contrató a Saúl Camacho para que le hiciera una casa de descanso en el fraccionamiento Rancho San Diego entre los municipios de Ixtapan de la Sal y Tonatico.
El proyecto inició con la construcción de una casa de 506 metros; pero conforme avanzaron los trabajos quedó en mil 300 metros. El magistrado pidió se le ampliara con una gran alberca, estacionamiento techado, un muro de contención, salones de juego, varias habitaciones y acabados de lujo.
“El problema es que el magistrado federal, Adalid Ambriz Landa, después de pedir la ampliación de la casa, lotes 60 y 61 no la reconoció y no aceptó pagar 120 mil pesos del trabajo.
Luego exigió que el arquitecto le pagara 3 millones y medio de pesos a cambio de no llevarlo a prisión y como no aceptó lo acusó de fraude.
