La Secretaría de Movilidad (Semovi) analiza la creación de una aplicación con la cual se denuncie a los automovilistas que incurran en faltas al Reglamento de Tránsito del Distrito Federal (RTDF).

El proyecto se trabaja en la oficina del Nuevo Modelo de Movilidad, en coordinación con el Laboratorio de la Ciudad de México, con el objetivo de que la ciudadanía coadyuve en el cumplimiento y aplicación efectiva de la nueva reglamentación.

Laura Ballesteros Mancilla, titular de esta área de la Semovi, explicó que la administración local pretende que se refuerce el cumplimiento de las nuevas normas de vialidad y movilidad a través del uso de nuevas tecnologías y se fortalezca la Visión Cero, para reducir accidentes mortales en las calles.

“Comenzar a desarrollar tecnología a través de una aplicación o incluso de líneas telefónicas para que los propios ciudadanos puedan comenzar a denunciar las faltas cometidas al Reglamento de Tránsito.

“La Visión Cero de la ciudad busca que juntos salvemos vidas y, como estamos convencidos que la práctica hace al maestro y que hoy la nueva norma no está ayudando a un cambio, creemos que las campañas de denuncia serán necesarias”, sostuvo en entrevista con Excélsior.

Indicó que faltas como la invasión de pasos peatonales y ciclovías, o vehículos estacionados sobre banquetas y en lugares prohibidos, son algunas de las conductas que podrían ser denunciadas por los capitalinos.

Ballesteros detalló que la aplicación funcionaría de forma similar a la que ya opera para las denuncias ciudadanas en materia de servicios urbanos a cargo de la Agencia de Gestión Urbana (AGU), en la que, además, ya se tiene una experiencia de respuesta por parte de las autoridades.

“Esta aplicación de la AGU para la denuncia de baches y otros problemas de infraestructura de la ciudad tiene un mecanismo para dar respuesta a eso. Este mecanismo
está  probado.

“Sería interesante probar con este trabajo que ya existe una interface que permita que la gente pueda sumar denuncias al Reglamento de Tránsito y de otros temas de movilidad”, expuso.

En relación a los recursos que requeriría el desarrollo de una plataforma digital para que los ciudadanos puedan denunciar a conductores infractores, Ballesteros dijo que aún se analiza si estos resultarán de las arcas de la Semovi o de una inversión compartida con otras dependencias capitalinas.

La funcionaria consideró que la ciudad está preparada para circular con base en una reglamentación de avanzada como el RTDF.

No obstante, reconoció que sigue haciendo falta que se implementen campañas de educación vial y, en este caso, también de denuncia.

“El Reglamento fue el primer paso de la Visión Cero de la ciudad y en los siguientes meses estaremos monitoreando las cifras en materia de seguridad vial para dar resultados y que se vean reflejados en infraestructura para que, junto con la norma y su aplicación, logremos el cambio que buscamos”, dijo.

La titular de la oficina del Nuevo Modelo de Movilidad agregó que este año la Semovi también publicará el Programa Integral de Seguridad Vial, con el que se buscará reforzar los mecanismos para reducir los índices de accidentalidad.

Cuestionan el contrato

Abogados afirman que se viola la presunción de inocencia al imponer una multa a partir de una fotografía.

Determinar si un conductor violó alguna disposición del Reglamento de Tránsito a partir de una fotografía es violatorio de diversos derechos humanos, afirmó el abogado Rolando Cañas.

“Se viola el principio de presunción de inocencia porque por una simple fotografía, que en cualquier otro juicio sería sólo un elemento de prueba que se tendría que fortalecer con otros elementos, se impone la sanción”.

Sostuvo que en este esquema no se respeta el derecho a un debido proceso: “de pronto a una persona se le impone una multa, sin que ésta pueda establecer lo que a su derecho convenga”.

Aseguró que el contrato para subrogar la captación de fotomultas entre la Secretaría de Seguridad Pública del DF y Autotraffic persigue un objetivo ilícito, pues establecer que un particular emita sanciones a través de un esquema que impone mínimos (150 mil multas al mes) “es un incentivo perverso para que la empresa intente generar más sanciones”.

El abogado Ramón Ojeda Mestre, doctor en derecho y secretario general de la Corte Internacional de Arbitraje Ambiental, coincidió con Cañas en que es ilógico establecer un monto específico de multas al mes.

“Nunca se sabe si los ciudadanos van a cometer dos infracciones o 60; no se le puede exigir a la empresa que hoy me traiga 60 infraccionados”.

Aseveró que la cláusula que establece que la empresa se quedará con 46% de las multas no está autorizada en alguna legislación fiscal, financiera o impositiva.