Reflejo de la inconformidad que ha generado por autoritario y altamente recaudatorio, ayer fue presentado el primer amparo de inconstitucionalidad en contra del nuevo Reglamento de Tránsito del DF que entró en vigor el 15 de diciembre de 2015. La demanda de amparo indirecto se interpuso en el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa por el ciudadano Hugo Rodríguez Barroso, quien solicita la protección de la justicia ante “las disposiciones de dicho reglamento que violentan garantías individuales y derechos humanos y promueven acciones de prepotencia y abuso de autoridad”. Un machote del amparo está disponible en la página de internet www.hugosi.com para que cualquier ciudadano inconforme pueda bajarla, llenarla con sus datos y presentarla como propia en un juzgado.
La demanda de amparo señala que el nuevo Reglamento de Tránsito viola 7 artículos constitucionales (1, 4, 11, 14, 16, 21 y 31) además de leyes locales como el Estatuto de Gobierno, Ambiental de Protección a la Tierra, de Desarrollo Metropolitano, de Movilidad y de Seguridad Pública. Reclama como 8 actos de abuso de autoridad: “aplicación de multas excesivas y desproporcionadas”, “retroactividad en su aplicación”, “violación a la libertad de tránsito por retención ilegal”, “uso de tecnología no certificada para infraccionar, con errores y que no identifica al conductor”, “afectación a la salud y el medio ambiente con mayores emisiones contaminantes”, e “incumplimiento de las autoridades”.
En su denuncia, Rodríguez Barroso, doctor en Ciencias, deportista y quien aspira a ser candidato ciudadano al Gobierno del DF, argumenta que los montos de las multas son “excesivos” porque superan varias veces los ingresos diarios de gran número de ciudadanos, más si se trata de un “jornalero, obrero o trabajador”, que según la Constitución no pueden ser multados con más de un día de jornal o trabajo. Como incrementos desproporcionados en las multas señala la de exceso de velocidad que pasó de 365 pesos en el anterior reglamento a 1,399 (383% de aumento); por invadir zonas peatonales, de 365 pesos a 2,098 (574% más) o nuevas multas que no existían en el anterior reglamento como vuelta continua la derecha, 1,399 pesos, o rebasar por la derecha, 699 pesos; mientras los salarios mínimos aumentaron 4.2%, los ingresos de la población siguen estancados, y la pobreza alcanza a 45.5% de la población del país, señala el quejoso.
También denuncia violación a la libertad de tránsito, al permitir a cualquier agente policiaco detener a un automovilista que cometa una infracción, aun cuando el que detiene no esté facultado para infraccionar, pero sí puede retener al ciudadano “hasta que se presente un agente que pueda infraccionarlo”. Esta retención es ilegal, señala, pues obliga al ciudadano a esperar a que llegue uno de los 1,400 agentes autorizados para infraccionar, cuando es obligación de las autoridades suficientes agentes facultados o darles facultades a todos.
Rodríguez Barroso alega en su amparo que el artículo 61 del nuevo reglamento es inconstitucional porque permite la aplicación de infracciones “detectadas a través de equipos y sistemas tecnológicos (cámaras fotográficas) que capten imágenes al vehículo”, sin que se haya probado claramente la confiabilidad de esa tecnología, su margen de error y los estándares de calibración de esos equipos para los que no hay una Norma Oficial Mexicana aplicable. Además cuestiona que las cámaras no toman al conductor del vehículo por lo que no se puede probar si el responsable de la infracción era el propietario o si se trata de un empleado, chofer, mecánico, familiar o “valet parking”, por lo que es inconstitucional sancionar a una persona por las acciones de un tercero.
Acusa que la aplicación del reglamento afectará la “salud y el bienestar” de los habitantes del DF al aumentar las emisiones contaminantes al obligar a vehículos a circular a velocidades más bajas y a detenerse un mayor tiempo con el motor encendido al prohibir las vueltas continuas a la derecha, lo que aumentará las emisiones de gases a la atmósfera, provocando un mayor daño ambiental y de salud de los ciudadanos. Y cuestiona también que el reglamento sancione el uso de celulares “por distraer la atención de los conductores”, cuando las mismas autoridades no hacen nada con cientos de anuncios espectaculares que, desordenada e irregularmente, invaden el espacio público violando reglamentos y que “también distraen a los conductores poniendo en riesgo su seguridad”.
En la página www.hugosi.com puede llenar con sus datos el amparo y presentarlo en un juzgado.
