La fracción legislativa del PRD en el Senado de la República propuso que se preserven todas las policías municipales y que sólo se disuelvan a solicitud del Ejecutivo federal, los gobernadores o los propios alcaldes.
En una iniciativa de reforma publicada en la Gaceta Parlamentaria, que se turnará a comisiones durante la sesión de este martes, los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) plantean modificar seis artículos de la Constitución Política mexicana.
Sugieren la creación de una Comisión Nacional de Seguridad Pública para regular el funcionamiento no sólo de las policías municipales, sino también de las estatales y las federales.
De igual forma preservar las corporaciones policiacas municipales sujetas a umbrales cuantitativos de población y estado de fuerza, de 20 mil habitantes y 100 elementos, respectivamente, con un nivel salarial ajustado al costo de vida, así como al cumplimiento de estándares mínimos de organización y funcionamiento policial.
De acuerdo con la iniciativa, la comisión definiría las funciones a realizar por las corporaciones que pertenezcan a los distintos órdenes de gobierno y dentro de éstas las atribuciones con las que contarán, dados sus grados de certificación y profesionalización.
Propone establecer estándares policiales nacionales aplicables a las corporaciones de los tres órdenes de gobierno en materia de reclutamiento, formación, profesionalización, ascensos, promociones y recompensas y régimen disciplinario, así como remuneraciones y derechos sociales de los uniformados.
También se prevén esquemas de subrogación, cuando las corporaciones policiales de una entidad o un municipio no alcancen los umbrales cuantitativos de población o de estado de fuerza establecidos en la ley o no satisfagan estándares mínimos determinados por la comisión de seguridad.
Los esquemas de subrogación podrían ser parciales o totales, es decir se podría trasladar una o varias funciones a un orden mayor, sin necesariamente llegar a la desaparición de una corporación policial.
La iniciativa del PRD incluye la obligatoriedad del control interno y la supervisión externa. Las unidades de control interno de las corporaciones policiales se apalancarán necesariamente en organismos formales de vigilancia externa, fundados en la participación de la sociedad civil organizada.
La iniciativa de reforma establece crear un régimen laboral y de seguridad social para el personal policial y de procuración de justicia, así como una institución que otorgue cobertura de seguridad social a policías, agentes del ministerio público, peritos y demás personal de las instancias de seguridad pública, consolidando un régimen complementario al de derechos de los trabajadores del Estado.
De igual forma se busca fortalecer los derechos laborales de los policías y se garantiza su derecho de asociación.
La comisión propuesta regularía y gestionaría el ingreso, formación y certificación del personal policial a través del Sistema Nacional de Carrera Policial. Supervisaría y evaluaría de manera funcional las capacidades y mecanismos de control de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno.
Esa instancia gestionaría, administraría, regularía y actualizaría las bases de datos de información en seguridad pública y regularía los mecanismos de recopilación, intercambio y acceso a las mismas.
Además la comisión podría determinar la cesación o la disolución de una corporación de seguridad pública, previa confirmación con el órgano legislativo correspondiente.
La comisión de seguridad pública, también podría iniciar el procedimiento de disolución de una institución policial como resultado de sus investigaciones a solicitud de los propios ayuntamientos con aprobación del cabildo, los ejecutivos en las entidades federativas y el titular del Ejecutivo federal.
