Asambleístas del PRD y Morena manifestaron sus posturas en torno a la propuesta de realizar una consulta popular para que los ciudadanos expresen si están de acuerdo o no con el nuevo Reglamento de Tránsito.
Durante la sesión de la Diputación Permanente, los legisladores de Morena promovieron un punto de acuerdo para exhortar al jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Miguel Ángel Mancera, a realizar una consulta sobre este tema.
El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Mauricio Toledo Gutiérrez, expresó la postura de rechazo al punto de acuerdo, por considerar que se trata de “un debate ficticio, una cortina de humo para sacar raja política”.
A su vez, la diputada de Morena, Aleida Alavez manifestó que la consulta popular es un derecho reconocido no sólo por la Ley de Participación Ciudadana, sino por la Constitución Política, “un derecho después de muchos años de lucha de la izquierda”.
Argumentó que la Carta Magna señala que las sanciones administrativas no pueden ser subrogadas por los gobiernos del Distrito Federal y de los estados de la República, a empresas particulares y ese fue su fundamento para que su demanda fuera recibida para su análisis por el Poder Judicial para definir si es procedente.
En tanto Andrés Atayde Rubiolo, el único diputado del Partido Acción Nacional (PAN) que tomó la palabra, aseveró que esta fuerza partidista no va con Morena a la consulta, por considerar que la discusión va por la vía técnica y de la opacidad.
Sostuvo que prevalece la poca transparencia en los contratos firmados por la Secretaría de Seguridad Pública local con dos empresas, a pesar de que han pedido la comparecencia del titular de la dependencia Hiram Almeida.
Manifestó que no hay suficiente información para analizar el costo de los contratos de más de 170 millones de pesos, ni sobre el hecho de que se otorgará 46 por ciento de lo que salga de las fotomultas a dichas empresas.
El punto de acuerdo promovido por el Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal fue rechazado.
