Duarte no te hagas y entrega recursos a universidad veracruzana, dice el Senado

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Sara Ladrón de Guevara, rectora de institución educativa, denunció al gobierno de Veracruz, por el incumplimiento en la entrega del apoyo financiero
 El Senado de la República llamó al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a que acate plenamente los términos de lo dispuesto por el Convenio de Apoyo Financiero para el sostenimiento de la Universidad Veracruzana (UV), es decir, verifique la correcta aplicación de los recursos federales destinados a este instituto, conforme a las atribuciones que le confiere el artículo 25 de la Ley General de Educación.
“Este compromiso se ha visto quebrantado al negársele el acceso a los recursos federales, que por mandato legal le corresponden, de acuerdo al Segundo Informe de actividades de la Universidad Veracruzana (2014-2015), presentado por Sara Ladrón de Guevara, Rectora de la institución”, explica el Punto de Acuerdo aprobado.
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Esto luego de las denuncias interpuestas por Sara Ladrón de Guevara, en su calidad de rectora de la Universidad Veracruzana en contra del gobierno de Veracruz, por el incumplimiento en la entrega de recursos federales a dicha institución docente, pese al suscrito el 14 de enero de 2015 por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Gobierno del estado y esa casa de estudios. Además piden a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que audite la administración, ministración, manejo, custodia, ejercicio y aplicación de los recursos financieros federales transferidos al gobierno del estado para el sostenimiento de esta institución educativa.
En el Punto aprobado el Pleno llamó asimismo al Órgano Fiscalizador Superior del Estado de Veracruz para que audite la administración, ministración, manejo, custodia, ejercicio y aplicación de los recursos financieros estatales destinados a la Universidad Veracruzana.
Y se exhortó a los poderes ejecutivos, federal y estatal, así como a los congresos de las entidades, a los órganos de fiscalización y a las autoridades de las instituciones públicas de educación superior a que revisen la pertinencia y eficacia de los mecanismos convencionales de la administración, ministración, manejo, custodia, ejercicio y aplicación de los recursos financieros que les son destinados.

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