La intención del gobierno de la República de corregirle al de la Ciudad de México y al mexiquense el tortuoso programa de verificación vehicular, que de la mano con el calendario “Hoy no circula” desde 1989 ha tenido variantes y con los costos siempre cargados a los cautivos propietarios de automóviles, supondría un costal lleno de buenos propósitos… sorprendentemente, porque la ambiental es una materia por la que toda administración pública es cuestionada con frecuente hostilidad.

En cambio, y por experiencias recientes, la “solución” milagrosa que ahora se ofrece es recibida como un mal presagio porque se encuadra en la oficializada vocacion de, primero, desde las esferas de poder aterrorizar a la población y, después, VENDERLE la serenidad.

Para el habitante común de la metrópoli, es posible que la emergencia ambiental declarada hace una semana y que motivó la intrusión directa del presidente Enrique Peña Nieto en un asunto que se creía exclusivo de una Comisión Ambiental Metropolitana sutilmente calificada de inútil, haya sido verídica y decretada sobre bases científicas que por su complejidad son difíciles de comprender.

En este contexto, sin argumentos qué oponer o incluso con conocimiento profundo del tema, el ciudadano de todos modos está obligado a acatar las reglas ante una emergencia real (dejar de usar el automóvil, estigmatizado como la única fuente contaminante en la metrópoli) o inventada nada más por los pantalones y/o faldas de “algunos” y “algunas”.

Pero a ese mexicano sometido le brincan enormes dudas cuando advierte que, detrás de todo, los gobiernos echan a andar su pasión por el NEGOCIO antes que dar respuestas firmes y, de paso, ocultar un acto discriminatorio e inconstitucional como es orillar a los contribuyentes pobres a deshacerse de sus chatarras y sangrarlos más lanzándolos al mercado de consumo de carros nuevos.

El programa de verificación vehicular, junto con el “Hoy no circula”, aún con las modificaciones aplicadas por los gobernantes que han desfilado por el antiguo DF y la actual Ciudad de México (los del Estado de México invariablemente son invitados de piedra), está como nació: lleno de contradicciones y de invenciones burocráticas, y siempre movido por la imposición a rajatabla de multas y costosas revisiones en los verificentros.

El público objetivo, como es evidente en la lógica de los gobiernos de corte mercantil, es el automovilista paradójicamente despreciado por “contaminante” pero consentido cuando de pagar impuestos, multas y refrendos se trata; por ser mayoría, significa más ganancia. El transporte de pasajeros concesionado goza de tolerancia comprada, aún cuando presta un servicio con tintes de deshumanización y vocación homicida.

La introducción de una alternativa más de transporte de pasajeros, como fue ofertado el Metrobús, refleja otra de las mayores incoherencias de un gobierno que se autoproclama de vanguardia. Un análisis simple, derivado del uso cotidiano de esa modalidad, lleva a la conclusión de que el mismo usuario invierte mucho para conseguir muy poco y que la novedad se convierte en… fuente de contaminación.

Veamos. La decisión de que las unidades del Metrobús –y del Mexibús “exportado” al Estado de México- utilicen exclusivamente un carril de circulación que las autoridades disponen como si fuera propiedad privada, implica reducir los espacios para el tránsito y estacionamiento de automóviles en las calles, con lo que la ciudad completa padece tapones viales a punto del estallido, incluso fuera de las llamadas “horas pico” y en los que regularmente queda varado el mismo Metrobús.

La intentona gubernamental frustrada es que el usuario sacrifique más el uso del automóvil particular y utilice el transporte “alternativo”… que no es alternativo ni masivo porque no atiende ni siquiera el 5 por ciento de la demanda de viajes y con algunas líneas de trayectos cortos que desaniman su uso. Así, la “solución” se transforma en tormentos para los usuarios y ganancia fácil para los inversionistas, al parecer dispuestos siempre a ceder dádivas para el patrocinio de planes políticos y hasta engrosar cuentas bancarias personales.

Cierto es que el control de las emisiones contaminantes de los automóviles es exigible en una ciudad con municipios conurbados como sucede en el Valle de México, pero pierde su esencia y propósitos de felicidad para sus habitantes cuando se impone el ánimo de centavearlo, como lo ha hecho la estructura gubernamental capitalina y tal como busca hacerlo el Gobierno de la República despojando a las autoridades metropolitanas de una atribución en el aspecto ambiental que se suponía intocable. (Cunden las suspicacias respecto de que haya sido genuina la confrontación del gobierno de la capital del país con el federal surgida por esta decisión, conocida como es la sumisión de aquel hacia éste, lo que se convertiría en un teatro convenientemente montado).

Existe desconfianza en la palabra de los gobiernos porque atemorizar a la ciudadanía, a sabiendas de los altos costos sociales y económicos que eso representa, tiene ya firma institucional. El narcotráfico y sus sangrientas consecuencias –con incontables complicidades de funcionarios de todo nivel-; la influenza cíclicamente mostrada como plaga devastadora y que solamente aumenta las utilidades de los laboratorios que, con la protección gubernamental, lucran con el acaparamiento y condicionamiento en la venta de medicinas… y ahora el tremendismo con el sambenito de la contaminación ambiental, se exhiben con propósitos de mercantilismo corrupto.

La duda se acentúa: ¿Por qué no hay soluciones de fondo a los problemas que el Estado muestra como epidemias apocalípticas si tiene todas las herramientas para atajarlos y atacarlos? Cuestión harto difícil de interpretar, máxime que las instituciones no dan respuestas medianamente creíbles. La conclusión popular, entonces, es que acabar con esas males significaría acabar con novedosas formas de control social y con el NEGOCIO cultivado por el poder y desde el poder.

TE LO DIJE…

En su momento fue advertido. “A las medidas de aumento arbitrario al precio del pasaje en el Metro, al incremento desbocado de las tarifas por consumo de agua y a la costosa fijación del absurdo impuesto predial, entre otras obligaciones, Miguel Ángel Mancera le agregó a los dueños de automóviles viejos la disposición de dejar de circular hasta ocho veces por mes, lo que refleja todo, menos una vocación revolucionaria, tampoco democrática y mucho menos justa. Y si nos apura, resulta hasta inconstitucional porque le quitan a la ciudadanía la libertad de ser propietario de lo que puede y de lo que se le dé la gana tener”, se escribió hace dos años.

Y se agregó: “Para reprimir a los dueños de autos de más de 15 años de antigüedad, Mancera recicla la excusa de la “renovación” del parque vehicular para supuestamente limpiar el aire del Valle de México. Pero descaradamente deja la puerta abierta a los empresarios del transporte público de pasajeros que en rigor contaminan mucho más por el uso histórico de chatarra y los pavorosos nudos viales contaminantes que provocan por todo el DF y los municipios mexiquenses.

“En este ambiente de sustracción a fuerzas de recursos a los capitalinos, el GDF ha omitido deliberadamente informar del brutal impacto económico que significa para los sectores más necesitados que no tienen más opción que el uso de carros viejos de por sí sometidos a verificaciones contínuas y reparaciones costosas y al pago de elevadas multas.

“El otro mensaje oculto es que al GDF la calidad del aire es lo que menos le importa, reafirma la convicción perredista y de Mancera de que con dinero baila el perro y le impone a la Ciudad de México (y de paso a toda la mexiquense zona conurbada) el ideal de “ciudad de primera”, pero con una población mayoritaria pobre hasta las anginas a la que a cambio le proporciona servicios de la más baja categoría.

“Este esfuerzo de mercantilismo feroz, que por excesivo no es siquiera comparable a las medidas que en otros tiempos adoptaron gobiernos de otros países para recuperarse de las pérdidas financieras y materiales provocadas por guerras sangrientas, bien puede atribuírsele a gobiernos locales con vocación empresarial como los nacidos del Partido Acción Nacional (PAN)… pero ¿al PRD que en sus documentos dice pugnar por una sociedad igualitaria?”

Debieron pasar dos años para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le pusiera freno a Mancera. Con argumentos sencillos puso luz a los lunáticos funcionarios promotores de la deschatarrización y les embarró lo que la población les restregó siempre: los automóviles son candidatos a dejar de circular tantas veces como sea necesario por sus condiciones mecánicas y los niveles de contaminación que emitan, no por su antigüedad.

El resultado fue, como es todavía, que el millón 200 mil carros discriminados por Mancera y su caro equipo, volvieron a la “normalidad”. Su regreso a la circulación cotidiana fue, sin embargo, justificación para determinar el origen de la supuesta emergencia ambiental, pretexto para la resolución del gobierno federal de intervenir en el asunto y motivo para “culpar” a la SCJN de la “tragedia”. Como se veía venir, la Corte le dio otro coscorrón al equipo Mancera: los ministros dieron el fallo sobre la inconstitucionalidad de una decisión administrativa… jamás ordenaron que los automóviles discriminados volvieran a circular.

La lección que deja este nuevo oso institucional es que, en condiciones de respeto absoluto al Estado de Derecho, hubiera sido una soga a la medida para el suicidio político de servidores públicos desbocados que le apuestan a la impunidad como su valioso sostén.

Al mismo tiempo, reafirma que con la venta de bienestar que nunca entregan, los gobiernos con inclinación empresarial continúan temerariamente jalándole la cola al tigre.