Alberto Martínez Sosa lleva ocho años preso acusado del secuestro de dos militares en el Estado de México, aunque las pruebas en su contra se basaron sólo en declaraciones contradictorias, por lo que familiares y abogados piden el indulto de Enrique Peña Nieto para que salga de prisión.

A través de un comunicado enviado a la redacción de este diario, se explica que actualmente la defensa de Alberto espera que la ponencia del Magistrado Óscar Espinoza se estudie a fondo en  la revisión 326/15 del Segundo Tribunal Colegiado Penal del Segundo Circuito, del  Poder Judicial Federal, con  el objeto de  que se libre orden de aprehensión en contra de Gustavo Herrera Terrones y Luis Enrique Aragón Reyes, militares que mintieron en sus declaraciones sobre su secuestro.

De acuerdo a las declaraciones, los militares fueron secuestrados el 6 de octubre de 2007 en Luvianos por un grupo de entre 15 a 20 personas, las cuales los liberaron tras enterarse que Herrera Terrones y Aragón Reyes eran elementos castrenses.

El 7 de octubre de 2007 se inició la averiguación previa número PGR/MEX/TEJ-II/189/2007, ante Ministerio Público de la Federación con  residencia en Tejupilco, en donde los militares indicaron que no pudieron reconocer a sus captores, pero en declaraciones posteriores indicaron la filiación de Alberto y señalaron que un rancho de su propiedad fue el lugar donde estuvieron cautivos.

Ante las irregularidades del proceso, desde un inicio los defensores de Alberto promovieron amparo indirecto con acuerdo inicial dictado en el cuaderno incidental dentro del juicio de amparo indirecto número 1185/2007-IV, de fecha 19 de octubre de 2007, por el Juez Mario Oscar Lugo Ramírez, adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado  de  México.

Aún con el amparo indirecto, Alberto fue detenido el 1 de noviembre de 2007 ilegalmente por militares en la comunidad de El Estanco, en Luvianos, en donde le sembraron una bolsa con cocaína; situación que utilizaron para procesarlo sin fundamentos por el delito de secuestro.

Además de señalar a una persona  diferente a Alberto durante el reconocimiento de su presunto captor, los militares tardaron 23 días en coincidir en sus declaraciones para indicar que el perfil de Alberto era el de la persona que los secuestró.

El día y la hora del presunto secuestro, Alberto se encontraba con el ex presidente municipal de Luvianos, Francisco Arce Ugarte, quien junto con otros 14 testigos confirmaron su presencia en la casa del ex funcionario, aunque todas estas pruebas fueron   no  tomadas  en cuenta.

Cuando familiares y abogados intentaron recuperar la camioneta en la que Alberto fue detenido cuando viajaba en compañía de su familia, se inició la averiguación previa  número A.P/PGR/MEX/TOL-IV-1221/2008, con fecha 08 de octubre de 2008, en donde declaró Alfonso Benítez Luna en su  calidad  de inculpado, ante  la Licenciada Laura Cornejo Bautista, quien fungía como Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Cuarta Investigadora del Ministerio Público de la Federación, de la Subdelegación de Procedimientos Penales “A” en Toluca, Estado de México.

Frente a  la  Licenciada Laura Cornejo Bautista, Benítez Luna dijo que Alberto fue detenido por instrucciones del entonces delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de México, José Manzur Ocaña, y que Alberto no había participado en el secuestro de los militares, pero por ser propietario del inmueble quedaría detenido.

La condena que cumple Alberto es de 20 años, aunque con todo el material a favor de la inocencia de éste, sus abogados buscan que una  vez que se resuelva  el conflicto competencial  número 119/2015; de la Primera  Sala  de  la Suprema Corte  de  Justicia de  la  Nación; ésta atraiga de fondo el indulto solicitado al Presidente de  la República y  resuelvan si Alberto, en su  calidad de  reo sentenciado, tiene o no personalidad  jurídica para  solicitar el indulto.

Con lo anterior se buscará si el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal  tiene facultades o no para  resolver el indulto en representación del Presidente de la  República, con  el fin de que Peña Nieto otorgue el indulto y que, paralelamente, los militares sean procesados por fabricación de delitos y  falso testimonio.

El caso fue aceptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 23 de febrero de 2016, lo que abre más las posibilidades de que se atraiga la atención de la Federación.