Integrantes de distintas organizaciones sociales, campesinas, indígenas y de defensa de derechos humanos, protestaron afuera del Congreso mexiquense, hicieron una clausura simbólica del edificio y anunciaron que a partir del 12 de abril impulsarán una “lluvia de amparos” tanto de ciudadanos de la entidad, como de otros estados, para protegerse de la Ley que regula el Uso de la Fuerza Pública y calculan que podrían ser 100 mil juicios de garantías de 100 comunidades y pueblos.
Frente a la Legislatura local, las organizaciones llamaron a organismos internacionales a revisar la norma, reprocharon a los diputados que la mayoría de las bancadas del congreso hayan avalado esa norma, pues no consultaron a la gente; por lo cual aseguraron que no los representan e insistieron en que esa ley no pasará, pues legalizaría la represión y aseguraron que es “totalmente impugnable”.
Con mantas y cartulinas, donde reclamaban la aprobación de esa ley, los inconformes, entre ellos el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, gente de Xochicuautla, organizaciones campesinas, ambientales, indígenas, asociaciones civiles, entre otras, tomaron la palabra para reclamar que esa norma sí criminaliza las protestas.
Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro de Derechos Humanos, dijo que irán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la ley se declare inconstitucional de manera independiente, pero además preparan amparos porque la norma atenta contra cuatro derechos: a la vida, a la libertad, a la libre manifestación y a la expresión, pues cualquiera que se manifieste puede ser asesinada.
Entre gritos de: “Zapata vive, la lucha sigue” y “la patria no se vende”, las organizaciones afirmaron que su lucha es “sin colores”, apartidista, aseguraron que cada vez hay más voces alzadas y sería un retroceso en derechos fundamentales hacer legales los atropellos.
César Hernández adelantó que actuarán jurídicamente para evitar se criminalice a los ciudadanos, por lo cual desde el 12 de abril interpondrán los primeros juicios de garantías de protección a las figuras más visibles y atacarán la ley una vez que entre en vigor, aunque esperan que no aplique.
Aseguraron que hay una represión y quieren proteger la libertad de quienes se manifiestan, y si llegara el caso de que se quiere imponer esa norma, vendrán miles de amparos en todo el país, pero por ahora esperan la intervención de organismos internacionales.
PRD pide reformar artículos
Una corriente del PRD presentó ayer una iniciativa para reformar la Ley que regula el Uso de la Fuerza Pública en la entidad para señalar que el uso de las fuerza sólo debe ser en casos excepcionales, precisar conceptos, establecer que los policías obran por su deber, pero no en legítima defensa, protocolos a seguir, entre otras cuestiones.
Cipriano Gutiérrez y Saúl López señalaron que se debe señalar claramente el respeto a los derechos, precisar que la decisión de hacer uso de la fuerza será del mando responsable del operativo, con conocimiento y consentimiento inmediato de sus superiores.
