En busca de legitimar la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública del Estado de México, el Gobierno estatal mintió al asegurar que tenía el visto bueno del alto comisionado de las Naciones Unidas y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, advirtió Ana Yurixi Leyva, secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la entidad.

La dirigente partidista adelantó que en días próximos integrantes del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) se reunirán con el alto comisionado de la ONU, con el objetivo de aclarar si el organismo respalda el ordenamiento, como lo aseguró Luz María Zarza, consejera jurídica del Gobierno del Estado de México, en días pasados.

La duda, expuso, surge tras la consulta de un medio de comunicación, al que la oficina internacional señalada le aclara que no tuvo la oportunidad de revisar la propuesta, por tanto no compartió comentarios ni apreciaciones sobre esta norma.

“Hay medios que hicieron ya la consulta, la oficina del alto comisionado de la ONU responde categóricamente que no tuvo la posibilidad de hacer una revisión de dicha iniciativa, por lo tanto, no compartió con las autoridades del Estado de México ningún comentario ni apreciación sobre la misma”, indicó.

El acercamiento, dijo, además servirá para que la ONU exponga sus observaciones con la finalidad de enriquecer la Ley.

Por su parte, Javier Salinas, vicecoordinador del grupo parlamentario del sol azteca en el Congreso local, aclaró que sólo sesionó una vez a comisión para dictaminar, pero no se realizaron 8 reuniones con los diputados locales, como lo aseguró el secretario general de Gobierno, José Manzur.

También aclaró que la Codhem no participó activamente ni dio su aval al ordenamiento, como se asegura en el dictamen, pues el primer visitador sólo se reunió con los diputados del PAN, como el mismo Baruch Delgado reconoció durante la reunión sostenida esta mañana.

Agustín Uribe, secretario de Difusión y Propaganda, precisó que en el encuentro el ombudsman estatal “nos ratificó y confirmó que nunca fueron consultados, por ningún ente, previo a la aprobación y discusión de esta ley; el día de la discusión en comisiones sólo fueron invitados para resolver algunas dudas del PAN”.

Al ser consultada sobre la responsabilidad de los diputados locales al aprobar la Ley, Leyva Piñón recordó que los legisladores ya tuvieron derecho a su garantía de audiencia ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), donde argumentaron la aprobación en lo general y justificaron su postura en lo particular, de tal manera que será este órgano quien tome la determinación.

En tanto, Salinas Narváez rechazó que los diputados mexiquenses se hayan equivocado al avalar la norma, pues las participaciones en comisiones y en el pleno dejan claro su respaldo en lo general, ante la necesidad de limitar los excesos en el uso de la fuerza pública, y el rechazo en lo particular en los artículos que causan controversia.

“Advertimos estos riesgos en los trabajos en comisiones. No nos echamos para atrás. Nosotros –el PRD- somos minoría, pero hay una mayoría mecanizada a la que le estamos pidiendo que reflexione y replantee su actitud”, dijo.

Las aclaraciones fueron vertidas tras entregar a Baruch Delgado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), una solicitud para iniciar de oficio acción de inconstitucionalidad contra 16 artículos que violan las garantías individuales consagradas en la carta magna de país y los derechos humanos.