Por segundo día consecutivo, granaderos de la policía estatal ingresaron a la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla para que la empresa Autovan-Teya, filial de Grupo Higa, continuara con los trabajos para la construcción de la autopista Toluca- Naucalpan, pero los pobladores, con el respaldo de estudiantes de la Normal Rural de Tenería, lograron que la maquinaria y los uniformados se retiraran.

Durante la mañana, la tensión en la zona seguía, pues maquinaria pesada amenazaba con derribar uno de los templos sagrados de la comunidad, luego de que el pasado lunes fue derrumbada la vivienda de uno de los delegados del pueblo y el Campamento de Paz y de Digna Resistencia.

Personal de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) arribaron a San Francisco Xochicuautla en calidad de observadores, sin tener competencia para frenar la obra.

Un grupo de personas ingresó a la capilla que estaba en riesgo de ser destruida y acompañados con el sonido de violín comenzaron a orar entre lágrimas, mientras el resto de la comunidad no podía acceder a la zona porque los granaderos la mantenían sitiada.

Por más de una ocasión, uno que otro lugareño se colocó al frente de la maquinaria para evitar que ésta avanzara.

Por la tarde, unos 50 estudiantes de la Normal de Tenería llegaron a la comunidad en solidaridad con el pueblo otomí. Poco después la maquinaria y policías se retiraron.

Integrantes del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra de San Francisco Xochicuautla refirieron que el gobierno del estado propuso abrir una mesa de diálogo en las instalaciones de la CNDH en la Ciudad de México.

Hugo Hernández, abogado defensor de la comunidad otomí, informó que se interpondrá un recurso ante el Juzgado V de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo del Estado de México, luego que el gobierno y la empresa incurrieron en desacato, al no respetar las dos suspensiones definitivas de la obra, que otorgó un juez, además -refirió- se recurriría a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

“Hoy se interpondrá un incidente de violación de la suspensión ante el juez V, para que él ordene que le notifiquen y que le manden informe de cada una de las autoridades de lo que está ocurriendo en la comunidad, y se meterán medidas cautelares entre la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que sean territoriales, pues hay más familias afectadas”, dijo.

El pasado 9 de julio de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto publicó un decreto de expropiación de hectáreas pertenecientes a San Francisco Xochicuautla para la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, pero el Juzgado V de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo del Estado de México, concedió la suspensión definitiva de las obras.

La suspensión “va contra el decreto expropiatorio que impide que se realicen trabajos hasta que se resuelva el amparo en su totalidad y eso no ha ocurrido”, reclamó.

Reprocha PRD ingreso de policía

El PRD mexiquense condenó el ingreso de la policía estatal a Xochicuautla y exigió que el gobierno mexiquense explique por qué la policía actuó para permitir el trabajo de las máquinas si existen resoluciones judiciales en los amparos 1117/2015 y el 1123/2015 que ordenan la suspensión definitiva de la obra.

Tanto el líder estatal Omar Ortega, como la secretaria general, Ana Yurixi Leyva, advirtieron que irán por la vía penal para denunciar el ingreso ilegal de la policía estatal, al tiempo de buscar al secretario general de Gobierno, José Manzur y al comisionado de Seguridad estatal, Eduardo Valiente, para conocer por qué los policías entraron y amedrentaron a la gente.

Leyva Piñón comentó que hubo una exigencia al gobierno para que la policía entregara la orden que les permitía acceder a los terrenos y proceder al desalojo, pero no lo hicieron, aun cuando hay una suspensión emitida por autoridad judicial que debe acatarse.