Inician legisladores las discusiones pendientes al Sistema Nacional Anticorrupción. En el dictamen se plantea una Ley Anticorrupción “rasurada”;  los funcionarios podrán presentar una “versión pública” de sus declaraciones patrimoniales, y se expresa que los montos, valores y ubicación de inmuebles sólo podrán ser públicos si el funcionario da su autorización, justificando dicha medida en resguardar los derechos a la vida privada y los datos personales “de manera razonable y proporcional”.

Incluso deja la puerta abierta para que el cónyuge del funcionario rechace presentar su declaración, algo que se planteaba como obligatorio en el proyecto original de ley 3de3 presentado por organizaciones civiles.

Tanto en la Cámara de diputados como la del Senado trabajan  para aprobar los acuerdos, pero en un periodo extraordinario, de el 13 al 17 de Junio.