Convoca Omar Ortega a los tres poderes al rediseño de la procuración, administración y aplicación de la justicia

· Además de reconsiderar la prisión preventiva, es necesario acelerar los procesos y acabar con la corrupción de las autoridades carcelarias, señala

El diputado Omar Ortega Álvarez, exhortó a los tres poderes a tomar medidas en sus respectivos ámbitos de competencia para solucionar la cada vez más explosiva situación en las cárceles mexicanas, expresada esta vez en el intento de motín en una prisión de Tlalnepantla.

Confió en que las reformas que hoy aprueba la Cámara de Diputados en la materia se apliquen correctamente y contribuyan a ello, particularmente en lo referente a combate a la inseguridad, apego al debido proceso y respeto a los Derechos Humanos de cada una de las partes involucradas en los procesos.

Señaló que el caso del motín en Tlalnepantla evidencia una vez más la ingobernabilidad –llamada cínicamente por autoridades penitenciarias como “autogobierno”- resultado de la corrupción de éstas y el hacinamiento de sentenciados de alta peligrosidad con procesados por casi cualquier motivo, incluso la “presunta inocencia”.

Por ello de continuo –dijo- se suscitan ahí asesinatos, evasiones, extorsiones y chantajes no sólo contra los reos más vulnerables, sino incluso de sus familias y sus mujeres –a quienes se humilla y agrede de diversa manera, incluso sexualmente- y la ciudadanía en general, pues desde ahí se planean y ejecutan diversos ilícitos incluso con llamadas telefónicas.

Un ejemplo de esto es el Centro Preventivo y de Readaptación Social “Juan Fernández Albarrán” de Tlalnepantla, de donde además del intento de motín y el enfrentamiento entre familiares de reos ayer, uno de éstos se fugó.

La saturación en este sitio es tal que, en celdas diseñadas para cuatro personas, llegan a convivir cerca de 20, quienes ni piso alcanzan para dormir, por lo que deben atarse a barrotes de las celdas para ello.

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la capacidad de este lugar es de mil 123 personas, pero tiene tres mil 914, es decir, cuatro veces más.

La misma CNDH reprobó al Centro en cuanto a aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno y en general le otorgó una calificación de 6.65.

Cabe señalar que el pasado 6 de junio dos mujeres fueron baleadas en las puertas de este penal. Una de ellas quedó muerta sobre la banqueta y la otra fue trasladada con vida a un hospital en Naucalpan.

Para el líder del PRD en el Estado de México es claro que hay un diseño institucional de procuración, administración y aplicación de la justicia disfuncional e inservible para la sociedad.

Por ejemplo, una de las causas de la sobresaturación es la llamada “prisión preventiva” que, lejos de basarse en la presunción de inocencia, se basa en la “presunción de culpabilidad”, por lo que llena a las cárceles de presuntos culpables que difícilmente serán absueltos.

Por eso Ortega Álvarez urgió al Legislativo a dictaminar las iniciativas –entre ellas, la suya- para re conceptualizar este tipo de medidas desde la Constitución, pues de acuerdo con diversos estudios, mantener prisioneras a personas en proceso cuesta 750 millones de dólares al año, así como una gran cantidad de fugas y asesinatos.

En los últimos cinco años, ha habido mil de los primeros y casi 600 de los segundos, en tanto la readaptación y reinserción social brilla por su ausencia.

El parlamentario perredista apuntó que, desde luego, también el Poder Judicial debería acelerar los procesos de los indiciados, pues hay una lentitud exasperante en ello, en tanto el Ejecutivo debería poner mayor atención en atender la ineficiencia y corrupción de sus autoridades carcelarias, tal como queda demostrado con su reiterado involucramiento en ilícitos que en esos lugares se cometen.

“El trabajo de las autoridades es deficiente y poco efectivo, además de corrupto. Se debe hacer un llamado a acabar con la corrupción y la violencia, a recobrar el control de los centros, a garantizar la reinserción social de la gente”, apuntó.

De otro modo, estos lugares no sólo seguirán como semillero de más delitos y delincuentes, sino también de más violaciones a Derechos Humanos que tarde o temprano explotará, advirtió.