Podría ser empleada en reos sentenciados.
La inyección de castración química -para violadores sentenciados que hayan purgado la mayor parte de su condena- ha sido probada en otros países, cuesta unos 300 pesos y se aplica cada tres meses a quienes la aceptan para inhibir el deseo sexual; por lo cual podría ser más económica que la manutención de los reos, o la colocación de brazaletes electrónicos.
La diputada María Mercedes Colín consideró que esa iniciativa, planteada por el PRI y sus aliados, tiene el apoyo de la mayoría de los legisladores mexiquenses y podría salir en el siguiente periodo ordinario de sesiones, como una medida que aplique a violadores primo delincuentes que no hayan incurrido en otro ilícito y no sean reincidentes, siempre y cuando ellos acepten.
“La iniciativa de la inhibición sexual ya está en la comisión, se presentó en la permanente y seguramente habrá condiciones para aprobarla en el siguiente periodo de sesiones, la hemos estado consensando. Yo por ejemplo platiqué con los grupos parlamentarios, me atrevo a decir que hay 50 diputados consensados en esta iniciativa, que es muy viable porque permite al inculpado en cuestión de violación, que en la tercera parte de su pena pueda optar a través de la inhibición sexual, como castración química”.
La legisladora del PRI refirió que esa medida ha funcionado en otros países como Estados Unidos, se acaba de aprobar en Indonesia; por lo cual es importante valorarla, ya que tanto el Estado de México, como Chihuahua, son las entidades donde más se cometen violaciones a mujeres, pero también a niños, niñas y adultos mayores.
Sin embargo, advirtió, esa inyección no podría ser aplicada a todas los imputados por el delito de violación; sino solamente para quienes no hayan incurrido en otro delito, ni sean reincidentes; por lo cual consideró que es una oportunidad para inhibir esos ilícitos y adelantó que no será obligatoria, pues requiere que el imputado lo acepte, a fin de no violar sus derechos.
“Invitaremos a derechos humanos, veremos esa parte, pero precisamente es opción del inculpado, no es obligación que en la tercera parte de la pena opten por ella. Creo que es para que ellos puedan decidir”.
“En otros países es obligatorio, las penas son más drásticas y duras, es incluso pena de muerte o la mutilación de sus miembros, son penas drásticas; estamos tratando de cuidar la situación de los derechos humanos y por eso es una opción; queremos que el imputado decida: es un método por medio de inyección probada que cuesta 300 pesos, que se acompaña de situación psicológica, terapias (…), la inyección se aplica cada tres meses”.
Aun cuando el gobierno tendría que asumir el costo de la vacuna, la diputada local advirtió que es más caro el brazalete; por lo cual lo ven como una opción viable y una propuesta positiva que ha dado resultados en otros países, y que hasta ahora no se conoce que tenga consecuencias.
“Estamos analizando que no tenga consecuencias de todas formas la inyección se ha aplicado y no ha habido consecuencias, seguro se harán estudios antes y que la persona que decida se haga estudios clínicos para que corrobore que no habrá complicaciones”.
