El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Francisco Martínez Neri, dijo que es necesario atender al campo, pues en el Paquete Económico 2017 enviado por el Ejecutivo federal el pasado 8 de septiembre a la Cámara de Diputados, se presentó un recorte por cerca de 27 mil millones de pesos, lo cual resulta “hiriente a la economía de los campesinos y, desde luego, a la población en general”.

Asimismo, destacó que se observan disminuciones presupuestales en salud y educación y, por el contario, incrementos para el Poder Judicial.

En el evento, “Encuentro de legisladores y legisladoras con organizaciones campesinas”, se manifestó por hacer en el Legislativo cambios fundamentales a la propuesta, que “no podrían llamarse de cirugía mayor”, pero sí tienen que ser esenciales.

El gobierno mexicano, agregó, olvida que su obligación central, asumida desde la Revolución Mexicana, es la atención al campo, por lo que “es indispensable que le recordemos que por el campo vivimos y por el campo estamos aquí”.

Concluyó que las expresiones que se generen en el evento serán a favor del progreso del agro. “Que sirvan para reflexionar sobre aspectos que puedan unificar nuestro plan de acción y que, sin lugar a duda, salgamos fortalecidos de ellas”.

El diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, señaló que el presupuesto para el campo “viene bastante golpeado”. Se pronunció por impulsar un trabajo estratégico entre los legisladores y las organizaciones para lograr aumentos de presupuesto y redistribución en el sector.

La diputada Natalia Karina Barón Ortiz, presidenta de la Comisión Especial de seguimiento al Programa Especial Concurrente (PEC) Anexo 11.1, afirmó que el país está en crisis de producción de alimentos. Señaló la gravedad del sector, pues es un asunto de soberanía nacional, e hizo un llamado a las organizaciones campesinas para cambiar la política pública y el modelo obsoleto “que padecemos a raíz del Tratado de Libre Comercio”.

El diputado Felipe Reyes Álvarez, secretario de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, consideró necesario aumentar recursos para capacitación y adecuada operación de programas, y evitar la migración de la fuerza laboral del campo y la desintegración familiar. En la propuesta del Ejecutivo, el PEC para entidades federativas está en ceros, dijo, por lo que se requiere conjuntar esfuerzos con organizaciones campesinas.

Señaló que quienes generan el 40 por ciento de la producción nacional, cuentan con escasos apoyos gubernamentales, pues el 70 y 75 por ciento de esos recursos los recibe no más del 10 por ciento de los productores, dejando en estado de indefensión a los pequeños productores.

El investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, Miguel Ángel Sámano Rentería, dijo que el problema de México es que no cuenta con soberanía alimentaria: “40 por ciento de los alimentos que consumimos son importados, lo que significa que dependemos de Estados Unidos, en gran medida, en la importación de granos básicos, lácteos y cárnicos, lo que genera una desventaja para los productores nacionales”.

Indicó que el gobierno carece de una estrategia para cambiar o generar una política que garantice soberanía alimentaria en apoyo de los pequeños productores y sus familias.

Destacó que uno de los grandes problemas del campo es que las políticas públicas benefician a grandes productores y no a los pequeños, además de que cambiaron las reglas de operación para el acceso a programas.

“Las políticas públicas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), benefician principalmente a los grandes productores, además de que las reglas de operación del ahora Pro-Agro antes Pro-Campo, sacaron del patrón a muchos de los pequeños productores”.

El también académico señaló que 40 por ciento de los ingresos que perciben los hogares rurales proviene de fuentes agrícolas y 60 por ciento a través de la venta de fuerza asalariada o de programas sociales. “Con ello, no se les dan alternativas para producir, sino alimento que les genera dependencia, lo que a su vez se traduce en manipulaciones políticas”.

Apuntó que deben revisarse programas, sobre todo el Especial Concurrente (PEC), ya que “se gasta mucho en el desarrollo rural, pero la dispersión de programas continúa”. En tanto, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) no cuenta con apoyos para productores de estas comunidades, sólo tiene un pequeño porcentaje que se dedica a proyectos productivos, pero es insuficiente”.

Ante este panorama sugirió que para la función de alimentos básicos es indispensable la aplicación de la producción agroecológica, disciplina basada en el desarrollo y gestión de sistemas agrícolas sostenibles; sin embargo, “no existen suficientes técnicos para impulsarla y lograr que pequeños productores puedan convertirse en campesinos agroecológicos”, añadió.