Mireya Ayala, testigo presencial del secuestro de un menor, acusó que bajo amenazas elementos de la policía ministerial adscritos a la Subprocuraduría Regional de Tenancingo la quieren obligar a firmar una declaración falsa para inculpar, por este hecho, a ocho personas que no son las responsables del plagio.
Ayala Ramírez responsabilizó a la Procuraduría de Justicia del Estado de México (PGJEM), a los agentes ministeriales Sergio Contreras Villanueva, Vladimir González Morales, Yadira Jacob, Raúl Vázquez Alcázar y Álvaro Gabino, de cualquier agresión hacia ella o su familia, ante la presión que ejercen y las amenazas de muerte recibidas para que declare en falsedad.
También señaló de cualquier afectación a los papás del menor, Tomás Escamilla Cruz y a la señora Josefina Lara Velázquez –dedicados al comercio de flor-, y a Silvia Tapia Vázquez, comadre de la mamá del menor y testigo falso, pues incluso del papá del niño ha recibido amenazas en caso de que los detenidos queden en libertad.
Además hizo un llamado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) para que vigile y actúe, pues a pesar de que ha entablado las quejas correspondientes ante esta instancia, la PGJEM y el IGISPEM, “no nos hacen caso… han estado pasivos”.
“Solicito al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), a su presidente Sergio Medina Peñaloza, haga una revisión extraordinaria en todas las causas penales del distrito de Tenancingo, ya que casi todos son delitos inventados por los ministeriales o la Procuraduría y pagan inocentes en lugar de los verdaderos delincuentes”, agregó.
El secuestro ocurrió el domingo 16 de noviembre de 2014, en la comunidad de Santa Ana, municipio de Tenancingo; la señora Mireya era empleada de Josefina Lara, madre del pequeño, cuando le fue arrebatado por dos hombres gordos, de piel morena; uno robusto y una mujer.
Como resultado del hecho delictivo, el pequeño fue recuperado y los ministeriales detuvieron a 8 sujetos; Mireya no reconoce a ninguno como participante en el plagio, pero en el expediente se asentó que el 19 de noviembre ella los acompañó con el MP para denunciarlos, cuando para la declaración fue citada hasta la media noche. “Falsificaron mi declaración y firmas”, afirmó.
“Queremos que nos dejen en paz”, repuso el señor Jaime Cruz Martínez, esposo de la afectada.
