Expertos señalaron que si bien, la implementación del proceso acusatorio en el Estado de México ha permitido agilizar la resolución de los casos, no ha implicado un mayor respeto a los derechos de los imputados.
Al presentar el estudio “¿Cómo se juzga en el Estado de México? Una radiografía de la operación del sistema de justicia penal acusatorio”, editado por la organización México Evalúa, en colaboración con elCIDE, el Programa Transnacional sobre Justicia Penal de la UCLA y la Universidad Nacional de Tres de Febrero, expertos señalaron que si bien, la implementación del proceso acusatorio en el Estado de México ha permitido agilizar la resolución de los casos, no ha implicado un mayor respeto a los derechos de los imputados.
El estudio fue elaborado a partir de la revisión de mil 145 expedientes concluidosentre 2010 y 2014 en el Estado de México, donde el nuevo sistema de justicia penal entró en vigor en el año 2009, analizando cómo opera el sistema penal acusatorio y qué tipo de delitos persigue.
“La buena noticia es que los casos se procesan de forma mucho más expedita que en el sistema anterior, principalmente por el uso de salidas alternas y procedimientos abreviados”, señaló Gustavo Fondevila, Profesor-Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y uno de los autores del estudio. “Así, el 76.9 por ciento de los casos se resuelve en menos de 30 días”.
El investigador explicó que el 61 por ciento de los casos se resuelve mediante procedimientos abreviados, en el que el imputado reconoce su responsabilidad en el delito del que se le acusa a cambio de una reducción de pena, 11.7 por ciento mediante salidas alternas que implican la reparación del daño a la víctima y el cumplimiento con una serie de condiciones durante seis meses a dos años, y solamente 3.6 por ciento llega a un juicio oral.
Otro aspecto positivo es que en el nuevo sistema, se cumple el derecho del imputado a obtener el apoyo de una defensa. En 53.5 por ciento de los casos, el imputado tuvo acceso a un defensor público, en 37.4 por ciento de los casos, a un abogado privado y en el restante 9.1 por ciento, tuvieron acceso a ambos.
“Desafortunadamente, la defensa no necesariamente interviene en el momento oportuno ni tiene la calidad requerida”, expresó Máximo Langer, profesor de Derecho y Director del Programa Transnacional sobre Justicia Penal de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), co-autor del estudio.
“Así, en 76.9 por ciento de los casos, el abogado no aportó ninguna prueba durante la etapa de investigación complementaria y en 86.2 por ciento de los casos no presentó recursos contra las medidas tomadas por el juez”.
En este sentido, los investigadores subrayaron que el nuevo sistema de justicia no garantiza el respeto a los derechos de los imputados.
Por ejemplo, si el juez de control detecta una violación en la detención, suele ratificar la detención. Del mismo modo, en los casos en los que se han documentado lesiones en los imputados compatibles con la tortura, el juez suele ignorar dicha información y continuar el proceso como si no hubiera pasado nada.
Adicionalmente, los investigadores encontraron que la mayoría de los delitos procesados son de escasa complejidad (el 59.3 por ciento de los casos corresponde a robos) y que el 91.7 por ciento de las detenciones corresponden a una flagrancia. Esto refleja la débil capacidad de investigación de los Ministerios Públicos.
Finalmente, los autores del estudio advirtieron del uso excesivo de prisión preventiva y de la falta de control por parte de los fiscales, jueces y defensores de la investigación policial.
“Este estudio nos permite hacer recomendaciones al Estado de México, pero también al resto de las entidades, para mejorar la calidad de la justicia. Se debe contemplar la necesidad de privilegiar las salidas alternas, reducir el uso de la prisión preventiva y desarrollar una mayor capacidad de investigación por parte de los Ministerios Públicos y los defensores”, concluyó Edna Jaime, Directora General de México Evalúa.
