El petróleo, el principal activo de la economía mexicana, ha sido entregado a, principalmente, extranjeros. Desde su campaña a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto y su grupo ya se habían comprometido a entregar el control de la industria petrolera nacional a los Estados Unidos de América (EUA).
Y no es que Felipe Calderón Hinojosa no lo hubiera querido hacer también [1], es que de alguna manera el mismo grupo de Peña Nieto se lo impidió cuando aún eran oposición.
Pero ese grupo del PRI no se lo impidió por amor a la patria o porque quisieran preservar al patrimonio de todos los mexicanos, sino porque querían reservarse para ellos la realización de esta privatización en el siguiente sexenio, en el suyo; querían ser ellos personalmente quienes se quedaran con las ganancias económicas que generaría vender nuestro petróleo a compañías extranjeras.
Esta privatización es en esencia un debilitamiento de la soberanía nacional, pues el control de la producción de hidrocarburos es la base de la soberanía energética de cualquier país y uno de los tres pilares de la soberanía en sí.
Me refiero a la soberanía militar, alimentaria y energética. Quien depende de otro país en uno o más de estos aspectos no puede llamarse país soberano, pues las decisiones para su supervivencia ya no son exclusivamente suyas. México carece de soberanía alimentaria y energética, y muy pronto también de soberanía militar.
Cuando este debilitamiento de la soberanía nacional es premeditado y ventajosamente ejecutado por un grupo de ciudadanos mexicanos, como ha sido en este caso, estamos además ante un caso de traición a la patria.
Hay quienes, mediocremente, creen que esta entrega del petróleo mexicano tenía que darse por las buenas o por las malas; porque, según ellos, los EUA obtienen lo que quieren en el mundo ya sea por la vía de la negociación, de la presión, del boicot o hasta por medio de la guerra, y que dada nuestra inferioridad militar respecto de ellos, sostienen, no nos quedaba más que rendirnos. Falso, de ninguna manera es válido ese cobarde argumento. Un planteamiento tan derrotista como ese sólo puede caber en mentes demasiado pequeñas, carentes de dignidad y sentido del honor. Si así fuera, ante una presión creciente de EUA –como de cualquier otro país- el gobierno mexicano aún podía haber echado mano de la diplomacia, de la negociación internacional, de la defensa en foros internacionales, de la alianza geopolítica con otros países, en fin, aún quedaban mil recursos por agotar. Pero no se hizo uso de esos recursos porque, más que por presión de los EUA sobre nosotros, la privatización del petróleo nacional se realizó por la ambición y corrupción sin escrúpulos de este grupo de delincuentes que actualmente usurpan el gobierno de México.
Considero que la responsabilidad de esta traición tal vez no deba recaer directamente sobre todo el aparato político-burocrático del PRI, sino más precisamente sobre una parte de su cúpula; en concreto, en la parte que Saúl Álvarez Mozqueda [2] identificó como el grupo obregonista.
El grupo obregonista lo conforman los herederos políticos de las fuerzas del Gral. Álvaro Obregón, que en las décadas recientes ha estado representado por los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, herederos consecutivos uno de otro [3]. Por eso no es extraño encontrar en el gabinete de Peña Nieto a muchos ex-funcionarios y políticos provenientes del sexenio de Salinas de Gortari.
Por eso es tan fácil encontrar elementos comunes en los gobiernos de Díaz Ordaz, Salinas de Gortari y Peña Nieto; por ejemplo, la disidencia controlada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), activa sólo en los sexenios de Salinas y de Peña; o el uso de las mismas técnicas de desapariciones forzadas y la recurrencia sin reparo a crímenes de Estado entre estos tres sexenios, como la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968 (Díaz Ordaz), el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994 (Salinas de Gortari), la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 (Peña Nieto), por citar sólo algunos ejemplos.
Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Caso, Emilio Lozoya Austin, Pedro Joaquín Coldwell, así como todos los diputados y senadores del PRI, PAN, PVEM y PANAL y sus contrapartes en los congresos locales que premeditaron y aprobaron esta Reforma Energética ya tienen asegurado su lugar en la historia de México: traidores a la patria.
[1] Recordemos la intensa campaña del gobierno de Felipe Calderón insistiendo en la necesidad de abrir la industria petrolera nacional a empresas extranjeras, porque teníamos un tesoro en aguas profundas pero que necesitábamos de extranjeros para extraerlo.
[2] Álvarez Mozqueda, Saúl (1985). Alta política. ISBN: 968-495-024-1. Ed. Leega. México, D.F.
[3] En una especie de dictadura compartida entre cuatro grupos que alternadamente cada 24 años reciben la presidencia de la república derivado de un pacto de civilidad firmado luego del asesinato de Obregón. Los cuatro grupos los conforman: obregonistas, callistas, carrancistas y cardenistas. El lector, con razón aparente, se preguntará que qué pasó con los sexenios de Fox y Calderón: gobernaron para los grupos carrancista y cardenista, respectivamente.
Fuente: Sin Embargo
