El martirio de Andrea, quien fue víctima de presunto abuso sexual por un médico, no terminó el día que levantó su denuncia.

Por el contrario, la joven de 24 años de edad vivió una serie de irregularidades por parte de policías y de personal del Ministerio Público, que dificultaron que el proceso.

El 3 de octubre de 2016, Andrea -de quien REFORMA se reserva la identidad- acudió con su madre a un consultorio de la empresa Similares, en Plaza San Jerónimo, por síntomas de colitis.

En el lugar fue atendida por el médico Arturo, quien la pasó a su consultorio, le pidió que se recostara en la camilla y le levantó la blusa para revisarle el abdomen; la madre de Andrea, esperó detrás de una pared.

El médico le bajó el pantalón, la ropa interior y con el dedo medio tocó la vagina, de acuerdo con lo que la joven declaró en la Carpeta de Investigación CI-FDS/FDS-2/UI-FDS-2-03/00295/10-2016.

La joven hizo una llamada al 911 y al lugar arribaron un motopatrullero y dos policías a pie, quienes detuvieron al médico.

En al menos dos ocasiones, los agentes trataron de convencer a Andrea y al presunto agresor para que llegaran a un acuerdo económico, y ella no levantara la denuncia.

Durante dos horas, los oficiales intentaron convencerla, otra vez, de no levantar su denuncia, con el argumento que en el Nuevo Sistema de Justicia Penal se trata de no llegar a acciones penales.

Cuando finalmente la joven pudo dar su declaración, la agente del Ministerio Público trató de suavizar y minimizar los hechos.

Muchas denuncias pocos enjuiciados

Aunque autoridades reportaron un aumento en las denuncias de delitos sexuales, como el sufrido por Andrea, pocas de éstas son enjuiciadas, se les da seguimiento y la atención debida.

A pesar que durante 2016, en la PGJ se iniciaron 2 mil 76 averiguaciones previas y Carpetas de Investigación por delitos sexuales, en Tribunales sólo se registraron 266 procesos iniciados o consignaciones.

La incapacidad del MP en presentar pruebas suficientes, las irregularidades durante las investigaciones o la carente asesoría hacia las presuntas víctimas impiden que agresor y denunciante lleguen a una mesa de conciliación o se lleve el caso por la vía penal.

Fuente : Reforma