La Fiscalía General de la República abrió una nueva investigación por la tortura sexual cometida contra once mujeres durante los operativos el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco y Texcoco, Estado de México, que dejaron al menos 26 mujeres detenidas y víctimas de violencia sexual por parte de policías locales, estatales y federales.
Así lo informó la abogada y coordinadora del Área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Stephanie Erin Brewer, quien precisó que hace un mes, el 4 de abril, las denunciates fueron informadas de que la Fiscalía abrió una investigación para esclarecer los hechos ocurridos hace 13 años
Esta decisión es parte del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), organismo que el 21 de diciembre de 2018 emitió una sentencia contra el Estado mexicano donde ordenó continuar e iniciar las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas para determinar, juzgar, y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la violencia y tortura sexual, incluida la cadena de mando.
El pasado 4 de abril el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), encabezó una mesa de trabajo para determinar el cumplimiento de la sentencia de la resolución y allí informó a la once sobrevivientes y sus abogados del Centro Prodh de esta nueva indagatoria.
La abogada recordó que desde mayo de 2006 se abrieron dos investigaciones penales paralelas: una estatal y una federal; sin embargo, en junio de 2009, la entonces Procuraduría General de la República declinó su competencia diciendo que no había elementos que demostraran que funcionarios federales cometieron delitos, por lo que el expediente se trasladó a la Procuraduría del Estado de México.
A nivel estatal, explicó la representante de las once mujeres, hubo las deficiencias: revictimización, no cumplir los estándares mínimos de investigación, periodos muy largos de inactividad, hasta que se mandó a reserva. El expediente se reactivó en 2008 cuando el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después cuando pasó a la Corte Interamericana.
Stephanie Erin Brewer destacó que aunque hubo consignaciones por este caso de tortura sexual, esos procesos fueron en contra de un grupo de agentes policiales del Estado de México y de bajo rango, personas que se fueron amparando hasta librar los procesos. Es decir, se trató de una investigación deficiente que hoy en día sigue en curso.
A la fecha el caso sigue en la impunidad, no hay un sólo sancionado penalmente por los hechos de Atenco por lo que el anuncio de que el 22 de marzo la Fiscalía General de la República abrió una nueva investigación significa que la autoridad federal deberá atraer la investigación del Estado de México a fin de reencausar las diligencias.
“ESPERAMOS QUE SE PONGAN A TRABAJAR”
A 13 años de los hechos, en medio del desinterés de tres Presidentes de la República y con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), las sobrevivientes de la tortura sexual siguen exigiendo justicia.
En entrevista con esta agencia, una de las sobrevivientes de tortura sexual, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, quien al momento de los hechos era empleada del Instituto Mexicano del Seguro Social, reiteró que la demanda que hicieron a los expresidentes Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto es la misma que ahora hacen a Andrés Manuel López Obrador: sancionar a los responsables de la tortura.
Aunque el presidente López Obrador ha manifestado que se va a cumplir la sentencia de la Corte Interamericana, donde se reconoce la responsabilidad del Estado mexicano en este caso, Rosales Gutiérrez aseguró que además de reconocer lo sucedido se deben tomar acciones: “Estamos esperando que empiecen a trabajar”.
“Lo que sí puedo decir es que no vamos a quedarnos quietas hasta que se cumpla, eso sí”, afirmó.
“Los dos elementos principales para cumplir la sentencia, sería la justicia y la no repetición. La justicia es realmente castigar a toda la cadena de mando, pero toda. Y sobre la no repetición, está en el papel, pero eso no es una garantía mientas que existe una Guardia Nacional que sigue reprimiendo; no es una garantía mientras sigan ciertas leyes sobre todo en el Estado de México, que dan pie a la represión”, agregó.
En la reunión de hace un mes en Segob, se determinó el cumplimiento de la sentencia de la CoIDH que entre otros temas ordena al Estado continuar e iniciar las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas para determinar, juzgar, y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la violencia y tortura sexual, incluida la cadena de mando.
Sobre las investigaciones, Edith Rosales Gutiérrez consideró que es posible investigar a la cadena de mando. “Están las condiciones para hacerlo porque hay declaraciones (de funcionarios) que lo aceptan, de quienes se reunieron esa noche para determinar el operativo. Ahora, de que se quiera hacer eso es diferente”, dijo.
Entre los funcionarios involucrados en este caso de tortura estuvieron el ex presidente Enrique Peña Nieto, quien en 2006 era gobernador del Estado de México; Genaro García Luna, entonces titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI); el ahora ministro Eduardo Medina Mora, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Wilfrido Robledo Madrid, entonces comisionado de Seguridad Pública estatal.
Aunque el gobierno federal ha manifestado su disposición de ofrecer una disculpa pública por los hechos de 2006, las mujeres de Atenco exigen que primero haya justicia y avances en otros aspectos de la sentencia de la CoIDH antes de llegar a este punto.
“En lo particular a mí no me servirían de nada. Después de 13 años, después de toda una serie de hechos, me vienen a decir: discúlpame. No. Que cumplan, que haya una justicia”.
Un tema que sí es de interés para las sobrevivientes es que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) fortalezca el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual contra mujeres, creado en 2015 para revisar casos de mujeres denunciantes de tortura con el fin de dictaminar y analizar estos casos y que sea un factor de acceso a la justicia.
