La defensa de los siete militares que involucrados en el homicidio de 22 civiles en el municipio de Tlatlaya pidió al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez que “evite contribuir al clima de división y linchamiento mediático” de los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con información publicada por al diario La Jornada, la abogada Lilia Mariana García Sánchez, representante legal de los ocho militares involucrados y de ellos, los tres a los cuales se les dictó auto de libertad por falta de pruebas para acreditar su responsabilidad en el delito de homicidio agravado y alteración de la escena del crimen, solicitó al Ombusdman nacional que “permita que en su momento las instituciones del país, resuelvan en definitiva el presente asunto, ya que la suscrita y mis defensas tenemos la seguridad de que su intervención pública, puede influir tanto en el ánimo de la PGR como en el juzgador, atentando contra los principios de independencia e imparcialidad con los que se deben conducir, colocando a mis defensas en desequilibrio procesal”.

La litigante refiere en su misiva entregada por la noche en la CNDH que responsabiliza al presidente de la CNDH “de cualquier perjuicio que sufran las familias de mis representados, quienes viven en comunidades aledañas al lugar de los hechos, ya que con sus comunicados y comentarios enardecen los ánimos de las personas en nuestra contra, lo cual puede traer actos de venganza por los familiares de las supuestas víctimas”.

Asimismo menciona que los militares no fueron escuchados por la CNDH en el expediente de la queja que dio origen a una recomendación en este caso, lo que consideró afecta el debido proceso y acceso a la justicia.

La abogada refiere en su escrito de tres páginas que en un comunicado de prensa emitido por la CNDH se afirma que la resolución favorable a los militares “genera la subsistencia de impunidad, con lo cual desacredita las acciones que las instancias de procuración y administración de justicia han realizado”.

García Sánchez señaló que la actitud del presidente de la CNDH “causa extrañeza, ya que en otros casos donde se ha decretado la libertad a personas involucradas en la comisión de un delito, por violaciones al dedo proceso, ese organismo no se ha pronunciado al respecto, lo que se puede interpretar como una actuación de persecución y hostigamiento personal y parcial, ajena a los principios con los que se rige esa comisión”.