El secretario del ayuntamiento de Toluca, Mario Montiel Castañeda, refirió que el próximo 24 de junio es la fecha tentativa para comenzar a levantar las infracciones de tránsito que actualmente no se aplican – entre ellas- por superar los límites de velocidad y no contar con holograma de verificación cuando se circula por la Ecozona.
“Se había establecido por parte del gobierno del estado que hasta el 24 de junio, si no mal recuerdo, es una disposición y así se tiene que acatar (…)todo puede ser posible, hasta el momento no se ha tomado una decisión específica”, aclaró.
Cabe recordar que la Secretaría de Medio Ambiente estatal y el gobierno municipal habían anunciado que a partir del 21 mayo se sancionaría con multas de 20 días de salario mínimo y el retiro de su placa delantera, a aquellos automovilistas que circularan por la Ecozona sin el holograma de verificación.
Además, el Cabildo de Toluca, aprobó que el límite máximo de velocidad en este polígono sea de 40 kilómetros por hora, como lo establece el Código Reglamentario de Toluca.
Pero días antes de que se cumpliera el plazo, la dependencia estatal anunció que se aplazaría la aplicación de estas infracciones en espera de la emisión de la nueva norma ecológica emergente.
Montiel Castañeda explicó que debido a que la verificación será obligatoria y que no se podrá transitar a más de 40 kilómetros por hora en dicho polígono, surgirán nuevas disposiciones.
Argumentó que con la entrada en vigor de este programa se estableció un periodo de transición mientras la ciudadanía adopta las nuevas medidas.
Informó que hasta el momento los elementos policíacos sólo pueden hacer amonestaciones o exhortos a los automovilistas que no tengan verificado su automóvil o que superen los límites de velocidad, pero no deben infraccionarlos.
Dijo que tiene conocimiento que hasta el momento no se han presentado quejas ante Contraloría Municipal relacionadas con servidores públicos que apliquen multas que no estén permitidas.
Pero de ser así, advirtió que la autoridad iniciará un procedimiento administrativo previo a la denuncia ante Contraloría.
