José Luis Fernández Flores, vocero de la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, en el municipio de Lerma, aseguró que el proceso jurídico en contra de la construcción de la autopista Toluca–Naucalpan continúa y seguirá más fuerte pues todavía queda mucho por hacer en esta defensa jurídica.

Manifestó que no les interesan los discursos y argumentos que el gobierno estatal señala, respecto a la legalidad de esta obra, pues dijo que legalmente aún tienen muchas posibilidades de lograr su objetivo. “La postura del gobierno siempre ha sido la misma, no creen que pueda modificarse, pero la anulación que dieron los jueces, así como la suspensión de planos y dos amparos demuestran que hay ilegalidad”, sostuvo.

Agregó que al desmenuzar el decreto expropiatorio, se encontraron varias irregularidades, entre ellas, la inexistencia de una consulta previa, libre e informada; siendo esta la primera violación hacia la comunidad de San Francisco Xochicuautla. “Las leyes son bien claras y está marcado en el artículo segundo de la Constitución y en los tratados internacionales, como lo es el 169 que ha afirmado el Estado mexicano con otros países”, añadió.

En ese sentido, indicó que la comunidad no declinará ante sus propuestas, aunque si existiera un acuerdo con el gobierno estatal lo respetarían, pero si no hubiera voluntad por parte de éste seguirían en pie de lucha hasta las últimas consecuencias.

Comentó que a más tardar en las dos próximas reuniones, se estaría definiendo y cerrando las mesas de diálogo para saber si el gobierno acepta o no sus demandas; de resultar negativa la respuesta, insistirían por la vía jurídica.

“Tenemos abogados que están viviendo en Washington y que están atendiendo el tema desde allá, ahorita viene una especie de investigación para llegar al fondo del asunto”, concluyó.