La Cámara de Diputados ratificó este martes la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, estableciendo penas máximas de 42 años de cárcel para este delito.
La minuta fue aprobada con 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención, luego de incorporar las modificaciones propuestas por el Senado de la República.
El proyecto de decreto fue turnado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y posterior entrada en vigor.
La nueva legislación modifica diversos ordenamientos, incluyendo el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
¿Cuáles son las nuevas penas por cometer el delito de extorsión?
La ley establece que a quien “sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico”, se le impondrán de 15 a 25 años de prisión.
Se incrementa la pena de 5 a 12 años de cárcel cuando en la comisión del delito se utilicen “dispositivos, medios, servicios o plataformas a través de los cuales se pueda realizar la emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, datos, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúe a través de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos, sistemas electromagnéticos o cualquier otro medio electrónico”.
Adicionalmente, se aumenta la pena de 7 a 17 años de prisión cuando la extorsión se realice mediante el uso de armas o instrumentos peligrosos, o cuando “se afecte de manera directa la economía de alguna comunidad”.
Para servidores públicos con atribuciones en materia de prevención, investigación y persecución de delitos que cometan este ilícito, se aplicará una pena de 10 a 20 años de prisión.
La iniciativa fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 20 de octubre pasado, con el objetivo de unificar en todo el país la sanción del delito de extorsión.
Actualmente, este delito se sanciona de manera distinta en cada entidad federativa, situación que según el Ejecutivo federal ha dificultado su persecución y propiciado la impunidad.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cierre de 2024 se acumularon 10 mil 804 víctimas de extorsión en México.
