La Legislatura mexiquense aprobó la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública, donde se establece cuándo se podrá usar la fuerza para controlar multitudes y disturbios, a fin de establecer el orden y la paz, evitar actos de violencia  en detenciones, desalojos, lanzamientos, embargos y en los centros de readaptación social, pero establecieron que la policía sólo podrá hacer uso de armas letales cuando sea “excepcional, estrictamente necesario e inevitable para proteger la vida de las personas y de los elementos”.

La bancada de Morena criticó que con esa norma se legitiman los excesos, se permite la represión y no se registran castigos a  quienes no respeten los derechos; por lo cual anunció que solicitará a la Comisión Nacional de Derechos Humanos impulsar una acción de inconstitucionalidad contra esa norma.

Con esa ley se estableció que una asamblea o reunión será ilegal cuando las personas se encuentren armadas, o si la petición o protesta se hace con amenazas para intimidar u obligar a resolver en un sentido determinado a la autoridad, para intimidarla u obligarla a resolver en cierto sentido.

Además, se señala que la decisión de hacer uso de la fuerza en asambleas, manifestaciones, o reuniones violentas o ilegales será tomada por el mando responsable del operativo; ese punto fue rebatido por Morena, pues los legisladores de ese grupo señalaron que los altos funcionarios evadirán su responsabilidad.

Marco Ramírez, de Morena afirmó que se criminaliza la protesta social; así como la posibilidad de reprimir. También aseguró que justifica el espionaje a ciudadanos y el uso de fuerza.

En tanto, Tassio Ramírez, del PVEM sostuvo que se respetan derechos, se busca que fuerzas actúen en el marco de los convenios signados, se considera la reparación del daño y aseguró que no reprime y Sue Ellen Bernal del PRI afirmó que con esa norma se permite un uso escalonado y gradual de la fuerza pública y garantiza el respeto a los derechos humanos.

A propuesta de Javier Salinas, del PRD las armas letales sólo se podrán utilizar en casos de excepción, para no repetir casos como el de Atenco.

Raymundo Guzmán del PAN aseguró que la iniciativa se debatió intensamente y hay modificaciones para que se respeten los derechos humanos y se regule el uso de la fuerza pública, sólo en situaciones específicas, niveles graduales para que no se atropellen derechos. La norma, dijo, cumple con los criterios y si hay violaciones, aseguró que el PAN será el primero en denunciarlas porque la norma no permite abusos.

Jacobo Cheja, de Movimiento Ciudadano advirtió que sólo debe permitirse el uso de la fuerza cuando esté en riesgo la integridad de la sociedad para garantizar la paz social y dijo que el reglamento deberá expedirse en los 90 días posteriores a su publicación y 180 días para capacitar a los elementos.

Otras obligaciones de las instituciones de seguridad en el uso de la fuerza es administrarla y que sea resultado de una planeación; asegurar que las armas se utilicen apropiadamente, aplicar mecanismos de evaluación de la fuerza.

Otra obligación será tener una base de datos de huellas y características de todas las armas a su resguardo, impedir alteración o destrucción de evidencias, evitar tratos crueles, degradantes o de tortura; establecer un código de ética para el uso de la fuerza y de las armas de fuego