Las compañías de telecomunicaciones están a punto de sufrir uno de sus mayores cambios en su historia: la desaparición de la SIM a favor de la eSIM o tarjeta electrónica.
Las compañías relacionadas con el mundo de las telecomunicaciones, ya sean operadores o fabricantes, afrontarán este año uno de los mayores cambios en el sector: la desaparición de la SIM, lo que provocará cambios drásticos e irrevocables.
Esta tarjeta será sustituida por un chip fijo, instalado de fábrica en el dispositivo, y será conocida como tarjeta electrónica o eSIM.
La GSMA ya tiene disponible la primera especificación para implantar esta tecnología, que será uno de los grandes anuncios del próximo Mobile World Congress.
Implantar esta tecnología en todos y cada uno de los dispositivos que nos rodean no es una tarea sencilla. Por eso, serán necesarias un par de fases.
La primera, llamada Fase 1, es aplicar la especificación técnica de la que hemos hablado antes a todos los wearables, tabletas y coches. La segunda se ejecutará después de verano y su objetivo serán los smartphones. Además, permitirá almacenar un gran número de perfiles, es decir, de cuentas entre un cliente y un operador.
Como habrá muchos perfiles podrán precargarse varios operadores, aunque sólo podrá haber un perfil activo a la vez. Esto permitiría portabilidades especialmente rápidas, ya que se evitaría la necesidad de recibir la SIM física de la compañía.
Otro impacto en la sociedad debido a la desaparición de la SIM del móvil, es que habrá menos tráfico en las tiendas físicas de móviles. Esto provocará la gestión online de los clientes, así como una transformación en los establecimientos relacionados con el mundo de las telecomunicaciones. Habrá menos tiendas, pero serán más grandes y contarán con personal más cualificado.
Otro cambio importante estará relacionado con los costes del roaming. Si el cliente puede llevar varios perfiles distintos, podrá cambiar de operador cuando viaje y usar una tarifa local. En Europa, este sobrecoste será menor, ya que el roaming desaparecerá por ley en 2017. Sin embargo, puede obligar a los operadores a ser más proactivos y a reducir los costes en viajes internacionales.
