1.- Que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos —que señala que ningún funcionario puede ganar más de los 108 mil pesos que percibe el Presidente— sí la aplicarán a la burocracia en general aún y cuando el ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayán, haya suspendido su aplicación.
Pregunta al respecto: ¿se les podría considerar en desacato?
2.- Que a quienes no se les puede aplicar la ley, al menos por ahora, es a los ministros de la Corte, los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, porque los ampara el artículo 94 de la Constitución que establece que la remuneración que perciban por sus servicios, no podrá ser disminuida durante su encargo.
3.-Que no habrá ninguna afectación para todos aquellos burócratas, cuyos sueldos están por debajo de los 108 mil pesos (este tercer punto, por lo que comentan ya en distintas dependencias, no se está cumpliendo, pues se están reduciendo sueldos en una tercera parte y hasta a la mitad, aún y cuando se perciban sueldos muy debajo de los 70 o 50 mil pesos, si quieren mantener la chamba).
Ése fue el panorama por la mañana. Pero al mediodía cambió. Por un lado, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación salieron a “defender la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación”, ante “los intentos por debilitar el sistema de pesos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el Estado de Derecho”, disfrazándolos de “ejercicios modernizadores”.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, AC, denunció como parte de lo mismo, el conjunto de medidas legislativas que se han emprendido contra ellos (además de lo salarial): rotación constante de juzgadores, aplicación de controles de confianza y criterios de género y la designación de los consejeros de la Judicatura por parte del Senado para controlar la administración y la disciplina interna. Y por otro lado, Martí Batres, presidente del Senado, anunció que impugnarán ante la Suprema Corte la resolución del ministro Pérez Dayán que suspendió la Ley de Remuneraciones; en tanto, los diputados de Morena, encabezados por Pablo Gómez, advirtieron que regularán los salarios de los funcionarios públicos al elaborar el Presupuesto del año entrante, a pesar de la famosa suspensión. Así que se volvió a enredar la situación…, y subió de tono el enfrentamiento entre poderes, so pretexto de la llamada Austeridad Republicana.
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GEMAS: Obsequio de Miguel Barbosa: “Con encargo o sin encargo (de AMLO), no me voy a separar de Puebla; tengo un compromiso moral”.
Martha Anaya / Alhajero / Heraldo de México
