Tras el feminicidio de Fátima, una niña de 7 años de edad, ocurrido en la alcaldía de Tláhuac, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) revisará los protocolos de búsqueda inmediata de mujeres, niñas y adolescentes, pero éste es un pendiente rezagado del gobierno local desde 2018, cuando se lo recomendó el Grupo de Trabajo para la Alerta de Violencia de Género (AVG).

En conferencia de prensa este 18 de febrero, Ernestina Godoy, fiscal de la capital, informó que los protocolos de búsqueda inmediata de personas desaparecidas, entre ellos el Amber (para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes), fueron insuficientes para encontrar a Fátima, quien fue reportada como desaparecida cinco días antes de que se le hallara sin vida.

De acuerdo con la Fiscal, en adelante se revisarán y actualizarán estos protocolos con la ayuda de James Walter, coordinador del Protocolo Amber en todo el mundo; sin embargo, esta acción y otras para para prevenir y atender el feminicidio y la desaparición de niñas, mujeres y adolescentes en la ciudad, fueron recomendaciones contenidas en el informe del Grupo de Trabajo para Atender la Solicitud de AVG en la CDMX que se publicó en 2018.

Desde que Miguel Ángel Mancera era jefe de gobierno, las organizaciones de la sociedad civil exigieron reconocer que en la Ciudad de México había un contexto grave de violencia contra las mujeres. Entonces se pidió por primera vez que se decretara una AVG por, específicamente, desaparición y feminicidio.

Mancera y luego Claudia Sheinbaum, quien tomó posesión en 2019 como jefa de gobierno, se negaron a reconocer la AVG y cada uno implementó sus propias acciones. En el caso de Sheinbaum, el gobierno de la ciudad incluso inició una batalla legal contra las organizaciones civiles.

Fue hasta después de sendas protestas por tres casos de presunta violación por parte de policías, cuando Sheinbaum ordenó una AVG propia que no incluyó acciones concretas contra el feminicidio y la desaparición de mujeres, sólo previó acciones para la violencia sexual, como la remodelación de las Agencias Especializadas para la Atención de Delitos Sexuales.

De acuerdo con la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada, que es una de las organizaciones solicitantes de la AVG, actualmente las organizaciones siguen en litigio para que el gobierno de la CDMX admita la AVG por desaparición y el feminicidio y atienda las acciones que se le recomienden al respecto.

“Hemos pedido que se agilice el proceso porque al sólo implementar medidas para la violencia sexual, el gobierno no mira el feminicidio ni se hace un planteamiento para entender diagnósticamente qué está pasando con el feminicidio y la desaparición”, detalló la defensora.

Por ejemplo, dijo, Ingrid Escamilla (asesinada con saña por su pareja, en la delegación Gustavo A. Madero), vivía un contexto de violencia. Su asesinato se hubiera prevenido si se hubiera trabajado preventivamente para que los policías que antendieron los llamados de sus vecinas estuvieran capacitados en perspectiva de género, hubieran intervenido con eficiencia y hubieran analizado el contexto. “Actuar así podría salvar muchas vidas”, dijo Estrada.

Por su parte, la académica feminista, Lucía Melgar, relató que la desaparición y el posterior asesinato de Fátima, así como de Ingrid Escamilla, son consecuencia de la resistencia histórica de los gobiernos de la CDMX por reconocer el feminicidio, ya que desde 2012 se empezó a hablar de asesinatos violentos de mujeres en la capital.

“Ha habido resistencia por parte de la autoridad, se ha dejado crecer el crimen organizado, pero hay una idea de mostrar que todo va muy bien: en el sexenio pasado se ocultaron las cifras de desapariciones y de violencia sexual y se maquillaron las cifras de feminicidio, y este sexenio se hace un mejor trabajo en materia de estadísticas pero en procuración de justicia se hace el mismo trabajo podrido que en el resto del país”, observó la experta.

Melgar puso como ejemplo la inauguración de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Sexuales Número 6 el pasado mes de enero, la cual se inauguró sin estar terminada, tiene como jefa principal a una persona no especializada en delitos sexuales, y no hay un espacio para adolescentes, detalló.

A esto se suma que la respuesta de la jefa de gobierno a las protestas ha sido indignante, pues criminaliza a las jóvenes. “Tenemos un gobierno irresponsable y una jefa de gobierno que no tiene como prioridad a las mujeres. No digo que erradicarla sea inmediato pero si seguimos teniendo esas actitudes de simulación y una criminalización de la protesta, no vamos ir a ningún lado y la situación va a empeorar, porque los hombres se van a empoderar para agredir a las mujeres”, agregó Melgar.

La Ciudad de México fue la tercera entidad en todo el país con mayor número de carpetas de investigación iniciadas por presunto feminicidio de enero a diciembre de 2019, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.