Crecen las múltiples quejas contra el Operativo BOM (Base de Operaciones Mixtas) en los municipios de Atizapán de Zaragoza y Nicolás Romero en el Estado de México, donde los comerciantes alertan contra atentados en sus establecimientos que perjudican su patrimonio, bienestar personal y derechos constitucionales a manos de las fuerzas del orden, cuyos elementos constantemente los amenazan con falsear imputaciones de delitos para así extorsionarlos violentamente y obligarlos a entregarles dádivas.
El 4 de octubre de 2016, el gobierno municipal de Atizapán de Zaragoza hizo público que el Operativo BOM (Base de Operaciones Mixtas) para combatir la inseguridad y la delincuencia, entraría en operación. No era la primera vez que ese municipio y el de Nicolás Romero, a través de sus autoridades, se apoyaban en las BOM para patrullar y ejercer la función de reforzar la seguridad pública en la zona.
Ya el 5 de septiembre 2014, el entonces edil de Nicolás Romero, Martín Sobreyra Peña, anunciaba que se instalaría una Base de Operaciones Mixtas (BOM) en Nicolás Romero para disminuir la inseguridad. En conferencia, el presidente municipal Martín Sobreyra Peña, detalló en esa fecha que los operativos estarían a cargo de miembros del Ejército mexicano, Marina, Policía Federal, Estatal y Municipal de Nicolás Romero, y estaría reforzado gracias a un convenio de colaboración firmado con anterioridad con el gobernador Eruviel Ávila, quien entregaría 200 cámaras de videovigilancia para instalarse en 50 diferentes puntos del municipio.
Para el 7 de enero se registró una balacera en la colonia San Miguel Xochimanga en Atizapán de Zaragoza, en la que un individuo falleció; días más tarde, el 13 de enero de 2015, aparecieron cuatro cuerpos maniatados, con huellas de tortura, mientras que las cabezas se localizaron dentro de bolsas negras, muy cerca del sitio donde se había registrado la balacera.
En enero de 2016, asesinaron a Mateo Cruz, alias “El Mata”, cabecilla de la banda delictiva La Familia Michoacana en varios municipios del Estado de México y el Valle de Toluca. Estos y otros eventos consolidaron la perspectiva de seguir combatiendo el crimen, la delincuencia y la inseguridad en el Estado de México apoyándose en las BOM.
Por eso, más tarde, durante el mes de Octubre del año 2016, Eruviel Ávila, titular del gobierno de mexiquense, anunció el incremento de los operativos de seguridad en la entidad conjuntamente con las Fuerzas del Ejército, Policía Federal y Marina, y que se aumentarían de 40 a 56 las BOM.
Sin embargo, sin demeritar el combate al crimen por parte de las BOM, a partir de septiembre de 2016, las acciones se han encaminado a ejecutar verificaciones a los comercios establecidos entre los municipios mencionados, Atizapán de Zaragoza y Nicolás Romero.
“En dichos operativos tanto los policías federales, ministeriales del Estado de México, vestidos de negro, encapuchados y con armas largas, sin mediar palabra, portando armas largas, entran a los establecimientos, los catean y detienen a los empleados, en tanto se roban equipo, mercancía y dinero que hallan a su paso; teléfonos celulares, computadores, aparatos y cámaras de vigilancia”, explica Saúl Medina, impresor asentado en la colonia México Nuevo de Atizapán de Zaragoza.
Comerciantes, gaseros y gasolineros de Villa de Nicolás Romero, asentados en las colonias Flores Magón, Francisco I. Madero, Vicente Guerrero, Llano Grande y otros, también se quejan de las extorsiones que durante esos operativos se llevan a cabo en sus establecimientos. Sin querer ser identificados, por temor a represalias, pero con la firme intención de conformar un frente que denuncie ante autoridades civiles federales, los empresarios señalan que se encuentran atados de manos ante las irrupciones de este tipo de autoridades que se presentan sin identificación y amagando con sus armas a encargados y propietarios.
“Desde que empezó el año y hasta las últimas semanas, por esta forma de `delincuencia de Estado’, inclusive algunos comercios han llegado a cerrar porque los oficiales encapuchados les han llegado a pedir cuota”, señalan los afectados.
Del mismo modo explican que llevan a empleados ante el Ministerio Público, ya sea federal o del fuero común, pero no se consigna ninguna averiguación previa sino que amenazan a sus familias para que paguen determinada cantidad porque en caso contrario se les acusará de delitos contra la salud, sembrándoles droga, y que serán remitidos a prisión.
Así, detallan que son extorsionados y presionados hasta por 48 horas, con el familiar retenido: “Dicen los policías que si denunciamos o `hacemos pedo’ (sic) ya saben dónde vivimos nosotros y nuestras familias. Han llegado al punto, policías ministeriales de Nicolás Romero y Atizapán a decirles que lo que se junta es para las campañas del Estado de México, o ‘para hacer la maleta’ por si pierden”, añaden los quejosos.
